Por: La Jornada
Magistrados, al servicio de quienes buscan el colapso
Figura política clave del nacionalismo vasco moderno, Arnaldo Otegi (Elgoibar, País Vasco, 6 de julio de 1958), impulsor decidido del proceso de paz y del silencio de las armas de la organización ETA, en la que militó hasta mediados de la década de los años 80, lleva tres años encarcelado –de una condena a seis años y medio– bajo la acusación de pertenecer a la dirigencia de ETA, sentencia acremente criticada por el nacionalismo vasco, tanto moderado como radical.
Impedido por las autoridades carcelarias españolas de hablar cara a cara con los medios de comunicación, Otegi accedió a responder un cuestionario que La Jornada le hizo llegar por medio de terceras personas. Licenciado en filosofía y letras, casado y con dos hijos, el líder vasco considera que su sentencia sólo puede entenderse “si la interpretamos en términos políticos y no jurídicos”.
Coleccionista, muy a su pesar, de un sinfín de condenas de los tribunales españoles, Otegi fue condenado en 2005 por el Tribunal Supremo a un año de cárcel por injurias al rey: “El rey de España es el jefe supremo del Ejército español, es decir, el responsable de los torturadores y el que protege la tortura e impone su régimen monárquico a nuestro pueblo por medio de la tortura y la violencia”.
La sentencia fue suspendida por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco y, en 2011, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó a su vez al Estado español a pagar 20 mil euros por daños morales al “vulnerar la libertad de expresión de Otegi en el caso de las injurias al rey”.
Por: La Jornada
De acuerdo con correos electrónicos de la consultoría de inteligencia estadunidense Stratfor, filtrados por Wikileaks, la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) ha introducido, en forma clandestina, a comandos militares en territorio sirio, para realizar operaciones encubiertas contra el gobierno de Bashar al Assad. El contenido de estos correos, revelado por el sitio que encabeza Julian Assange, contrasta con lo expresado el mes pasado por el secretario general de la Alianza Atlántica, Anders Rasmussen, en el sentido de que la OTAN no tiene intención alguna de intervenir en Siria (…) sigo creyendo que una solución a escala regional podrá ser encontrada, y obliga a recordar que señalamientos similares fueron formulados por Rasmussen respecto del reciente conflicto armado en Libia, semanas antes de la misión militar que terminó con el derrocamiento y asesinato de Muammar Kadafi.
No cabe llamarse a sorpresa por la información difundida en Wikileaks, pues desde hace meses se tienen indicios múltiples de la creciente intromisión de Occidente y de su aliado regional, Israel, en el conflicto que se desarrolla en la nación árabe. El año pasado, otro cable de Wikileaks reveló que el gobierno de Estados Unidos había financiado en secreto a grupos opositores sirios a partir de 2006, luego de una crisis diplomática bilateral que desembocó en la congelación de las relaciones entre Washington y Damasco. Por lo menos desde febrero de este año se tiene información de que el Pentágono ha comenzado a utilizar aviones no tripulados en el espacio aéreo sirio para espiar comunicaciones militares en ese país, y de que las naciones occidentales toleran el ingreso y compra de armas ligeras por parte de las fuerzas opositoras al gobernante partido Baaz. El 3 de marzo pasado, Damasco denunció en cartas enviadas al Consejo de Seguridad de la ONU que algunos países vecinos habían empezado a armar, entrenar y financiar a grupos opositores. Y todo ello ha venido ocurriendo en el contexto de una campaña de presiones diplomáticas contra Siria en la que autoridades y legisladores estadunidenses han barajado la posibilidad de entregar armas a los opositores en aquel país.
Por: La Jornada
En el contexto del denominado Día de la Ira”, miles de egipcios se manifestaron ayer en las principales ciudades de ese país para exigir la dimisión del presidente Hosni Mubarak –quien encabeza, desde hace tres décadas, un régimen dictatorial, corrupto y violador de los derechos humanos–; en demanda de la derogación de la Ley de Emergencia, vigente en el país desde 1981 –que permite detenciones arbitrarias y que ha sido usada para reprimir cualquier voz discordante con el régimen–, y en reclamo por la violencia policial, el desempleo, el aumento de los precios y los bajos salarios. El saldo preliminar por el intento de disolver las movilizaciones es de tres muertos: dos manifestantes en Suez (noreste) y un policía en El Cairo.
Por: La Jornada
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, arribó ayer a la mitad de su mandato con el anuncio –formulado por su vocero, Robert Gibbs– de que se presentaría a contender por un segundo periodo de gobierno, a finales del año entrante. Es significativo que la primera admisión pública de las intenciones de Obama por relegirse se produzca en medio de un panorama adverso y de un marcado desgaste del impulso político que lo llevó –hace dos años– a convertirse en el primer presidente no caucásico de ese país, en un referente de los ánimos de renovación política y moral para millones de ciudadanos estadunidenses y en una esperanza de cambio en la proyección de Washington hacia el mundo.
Por: La Jornada
Luego de casi un mes de intensas protestas, que dejaron un saldo de por lo menos 60 muertos, el primer ministro de Túnez, Mohammed Ganouchi, anunció ayer que había asumido de forma interina la presidencia del país, en sustitución de Zine Abdine Ben Ali, quien encabezaba un régimen autocrático y represor en la nación magrebí desde 1987.
El episodio comentado adquiere, por diversas razones, el carácter de inédito: lo es, ciertamente, porque se trata de la primera vez que una revuelta civil, predominantemente laica y de reivindicaciones democráticas, logra derrocar a un gobierno en el mundo árabe, pero, sobre todo, porque se produce en el que era considerado un remanso de paz y estabilidad en el Magreb. En efecto, el gobierno encabezado por Ben Ali –apenas el segundo presidente desde la independencia tunecina, en 1956– había logrado mantener a ese país al margen de pugnas poscoloniales como las que se desarrollan en el Sáhara Occidental –ilegalmente ocupado por Marruecos desde hace más de 35 años–; de expresiones de integrismo islámico como las que asuelan a la vecina Argelia, y de agudas confrontaciones con los gobiernos occidentales como las que afectaron al gobierno libio encabezado por Muamar Kadafi.
Por: La Jornada
Es meridianamente claro que la mafia policial que se insurreccionó ayer en Quito y que durante casi todo el día mantuvo secuestrado al presidente ecuatoriano, Rafael Correa, no actuó en defensa de conquistas laborales de los efectivos policiales, como lo pregonaron los alzados. El descontento entre los uniformados de la fuerza pública por la reciente aprobación legislativa de una nueva ley de servicio público, que en última instancia los favorece, tuvo que ser resultado de una labor de envenenamiento y desinformación con propósitos subversivos y golpistas.
Los instigadores están también al descubierto: “hermandades” corruptas enquistadas en la institución policial, sectores oligárquicos y de la llamada “comunidad de inteligencia” de Estados Unidos. El vínculo visible de los segundos con los policías insurrectos es el aventurero Lucio Gutiérrez, militar golpista en 2000, electo presidente dos años más tarde, feroz represor en 2004, defenestrado por las movilizaciones populares del año siguiente y, desde entonces, gestor de intereses injerencistas y empresariales.
Por: La Jornada
En pleno escándalo por el descubrimiento de los esfuerzos de los mandos de la ocupación militar occidental para ocultar atrocidades cometidas contra la población civil de Afganistán, el gobernante de ese país, Hamid Karzai, informó de la muerte de 52 personas no combatientes –incluidos mujeres y niños– en la población de Helmand, a consecuencia de disparos de misiles desde helicópteros de los ocupantes.
Este hecho, atroz pero de ninguna manera excepcional, se inscribe en una pauta sostenida de mortíferos ataques contra grupos de civiles por las fuerzas aéreas y la artillería de Estados Unidos, Alemania y Francia, y se agrega a comportamientos bárbaros documentados por el sitio Wikileaks, que hizo públicos unos 90 mil documentos secretos de la coalición invasora: ataques con bombas de una tonelada a viviendas repletas, asesinatos de individuos ajenos al conflicto –incluso discapacitados– por "tiros de soldados nerviosos", ocultamiento regular –por soldados de la coalición– de bajas civiles, y pifias mayúsculas del espionaje occidental –que busca desde hace nueve años a Osama Bin Laden, cabecilla de Al Qaeda, en extensas regiones del país ocupado–, de la administración extranjera –que en la provincia de Farrah nombró jefe de policía a un notorio criminal– y de los esfuerzos de las tropas estadunidenses por ganarse, pese a todo, "los corazones y las mentes" de los afganos.
Por: La Jornada
Por mayoría de cuatro votos contra uno, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó ayer la liberación de 12 simpatizantes e integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), entre los que se encuentra Ignacio del Valle –condenado a 112 años de prisión por secuestro equiparado y ataques a las vías de comunicación–, quienes permanecían en prisión desde los enfrentamientos en San Salvador Atenco y Texcoco ocurridos en mayo de 2006. De acuerdo con los magistrados, las condenas dictadas en contra de los activistas fueron producto de procesos irregulares en los que se emplearon pruebas ilegales por medio de los cuales se buscó, a decir del ministro Juan Silva Meza, dar maquillaje institucional a un acto de criminalización de la protesta social.
La resolución comentada constituye un hecho positivo y saludable por cuanto implica la reparación de una profunda injusticia: debe recordarse que los presos de Atenco, al igual que muchos de los habitantes de esa localidad mexiquense, fueron víctimas de un acto de represión y uso desmedido de la violencia por parte del Estado, que derivó, como han documentado diversos organismos defensores de derechos humanos, en violaciones, golpizas, detenciones arbitrarias, incomunicaciones, allanamientos de morada, robo de pertenencias a manos de policías estatales y federales, así como en la muerte de dos personas. Por añadidura, en los meses posteriores a estos hechos los reclusos enfrentaron procesos plagados de irregularidades y padecieron la aplicación facciosa de las leyes, traducida en la invención del delito de secuestro equiparado y en sentencias desproporcionadas y a todas luces injustas.
El cruento asalto emprendido antenoche por militares israelíes contra una flotilla de seis embarcaciones que se proponía llevar ayuda humanitaria a la cercada población de Gaza –que dejó un saldo de 19 activistas muertos y decenas de heridos– es consecuencia de los inaceptables márgenes de impunidad que Estados Unidos y Europa occidental han otorgado al régimen de Tel Aviv para que cometa toda suerte de crímenes de guerra, atropellos y violaciones a los derechos humanos, no sólo contra los palestinos, prisioneros en su propia tierra, sino también contra cualquier expresión de solidaridad para con ese infortunado pueblo. Los gobernantes israelíes saben que pueden cometer cualquier delito, en cualquier lugar del mundo, sin que ello les acarree consecuencias negativas.
Como se recordará, hace nueve años los gobiernos miembros de la ONU, en una reunión realizada en Nueva York, codificaron unos llamados Objetivos del Milenio, entre los cuales se encontraba reducir a la mitad el número de hambrientos en el mundo para el año 2015, así como lograr el pleno empleo y la enseñanza primaria universal para la población planetaria. Al año siguiente, tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, el gobierno estadunidense alteró la agenda mundial, dejó el cumplimiento de esos objetivos en un lugar secundario y fijó como prioridad absoluta lo que denominó "la guerra contra el terrorismo". La mayor parte de los gobiernos se plegaron vergonzosamente a ese designio de la administración encabezada por George W. Bush, y el desarrollo humano, social y económico fue relegado a una posición meramente discursiva.