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Análisis de interés

Realismo de Estado frente a solidaridad internacional

El giro a la derecha de Chávez

Introducción

El radical gobierno "socialista bolivariano" de Hugo Chávez ha arrestado a varios líderes de la guerrilla colombiana y a un periodista izquierdista con ciudadanía sueca y se los ha entregado al gobierno derechista del presidente Juan Manuel Santos, obteniendo con ello los elogios y la gratitud del gobierno colombiano. La estrecha colaboración en curso entre un presidente de izquierdas y un régimen con un historial conocido de violaciónes de derechos humanos, torturas y desaparición de presos políticos ha dado lugar a protestas generalizadas de los defensores de la libertad civil, izquierdistas y populistas de América Latina y Europa, a la vez que complacía al establishment imperial euroamericano.

El 26 de abril de 2011, funcionarios de inmigración de Venezuela, basándose exclusivamente en información facilitada por la policía secreta colombiana (DAS), detuvieron a un ciudadano de nacionalidad sueca, Joaquín Pérez Becerra, periodista de origen colombiano, que acababa de llegar al país. Basándose en las denuncias de la policía secreta colombiana de que el ciudadano sueco era un líder de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Pérez fue extraditado a Colombia a las 48 horas. A pesar de la violación de los protocolos diplomáticos internacionales y la Constitución venezolana, esta acción tuvo el apoyo personal del presidente Chávez. Un mes más tarde, las fuerzas armadas venezolanas junto a sus homólogos de Colombia capturaron a un líder de las FARC, Guillermo Torres (alias Julián Conrado), que está a la espera de extradición a Colombia en una cárcel venezolana sin acceso a un abogado. El 17 de marzo, la inteligencia militar venezolana (DIM) detuvo a dos presuntos guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional (ELN), Carlos Tirado y Carlos Pérez, y los entregaron a la policía secreta colombiana.

La nueva imagen pública de Chávez como socio del régimen represivo de Colombia no es tan nueva, después de todo. El 13 de diciembre de 2004, Rodrigo Granda, portavoz internacional de las FARC y ciudadano naturalizado venezolano, cuya familia residía en Caracas, fue secuestrado por agentes venezolanos de paisano pertenecientes al servicio de inteligencia en el centro de Caracas donde había estado participando en una conferencia internacional, y fue llevado en secreto a Colombia con la aprobación del embajador venezolano en Bogotá. Tras varias semanas de protestas internacionales, incluidas las de muchos asistentes al congreso, el presidente Chávez efectuó una declaración que describía el denominado secuestro como una violación de la soberanía de Venezuela, y amenazó con romper las relaciones con Colombia. Más recientemente, Venezuela ha incrementado la extradición de revolucionarios opositores políticos del narcos-régimen colombiano: en los primeros cinco meses de 2009, Venezuela extraditó a 15 presuntos miembros del ELN, y en noviembre de 2010 a un militante de las FARC y dos presuntos miembros del ELN fueron entregados a la policía colombiana. En enero de 2011, Nilson Terán Ferreira, supuesto líder del ELN, fue entregado a los militares colombianos. La colaboración entre los más notorios regímenes derechistas de América Latina y el gobierno socialista supuestamente más radical plantea importantes preguntas sobre el significado de las identidades políticas y su relación con la política nacional e internacional, y, más concretamente, qué principios e intereses guían las políticas del Estado.

Solidaridad revolucionaria e intereses de Estado

El reciente giro en la política de Venezuela, de la simpatía e incluso el apoyo a las luchas y los movimientos revolucionarios en América Latina a su actual colaboración con los regímenes derechistas proimperialistas, tiene numerosos precedentes históricos. Puede ser útil examinar el contexto y las circunstancias de estas colaboraciones.

El gobierno revolucionario bolchevique de Rusia inicialmente apoyó con todas sus fuerzas los levantamientos revolucionarios en Alemania, Hungría, Finlandia y otros países. Con la derrota de las revueltas y la consolidación de los regímenes capitalistas, el Estado ruso y los intereses económicos primaron entre los dirigentes bolcheviques. Los acuerdos comerciales y de inversión, los tratados de paz y el reconocimiento diplomático entre la Rusia comunista y los estados capitalistas occidentales definieron la nueva política de coexistencia. Con el surgimiento del fascismo, la Unión Soviética de Stalin subordinó aún más la política comunista a las alianzas de estado a estado, primero con los aliados occidentales y, en su defecto, con la Alemania nazi. El pacto Hitler-Stalin fue concebido por los soviéticos como una manera de evitar una invasión alemana y asegurar sus fronteras ante un enemigo jurado de derechas. Como parte de la expresión de la buena fe de Stalin, éste entregó a Hitler varios de los principales líderes comunistas alemanes exiliados en Rusia. Huelga decir que fueron torturados y ejecutados. Esta práctica sólo terminó después de que Hitler invadiera Rusia y Stalin animara ahora a las diezmadas filas de los comunistas alemanes a unirse a la resistencia clandestina antinazi.

A principios de la década de 1970, con la reconciliación de la China de Mao con los Estados Unidos de Nixon y su ruptura con la Unión Soviética, la política exterior china pasó a apoyar los movimientos contrarrevolucionarios respaldados por Estados Unidos, entre otros a Holden Roberto en Angola y Pinochet en Chile. China denunció a cualquier gobierno y movimiento de izquierdas que mantuviera lazos con la URSS, por tenues que fueran, respaldando a sus enemigos, por serviles que fueran ante los intereses imperiales euroamericanos.

En la URSS de Stalin y la China de Mao, los intereses cortoplacistas del Estado se impusieron a la solidaridad revolucionaria. ¿Cuáles eran estos intereses de estado?

En el caso de la URSS, Stalin apostó a que un pacto de no agresión con la Alemania de Hitler les protegería de una invasión imperialista nazi y pondría fin, al menos en parte, al cerco de Rusia. Stalin ya no confiaba en la fuerza de la solidaridad internacional de la clase trabajadora para evitar la guerra, especialmente a la luz de una serie de derrotas revolucionarias y el retroceso generalizado de la izquierda durante las décadas anteriores (Alemania, España, Hungría y Finlandia). El avance del fascismo y la extrema derecha, la incesante hostilidad occidental hacia la URSS y la política de Europa occidental de apaciguar a Hitler, convencieron a Stalin de que buscara su propio acuerdo de paz con Alemania. Con el fin de demostrar su sinceridad hacia su nuevo socio, la URSS redujo la intensidad de las críticas de los nazis, instando a los partidos comunistas de todo el mundo a centrarse en atacar a Occidente en lugar de la Alemania de Hitler, y cedió a la demanda de Hitler a extraditar a Alemania los supuestos terroristas comunistas que habían encontrado asilo en la Unión Soviética.

La política de Stalin, basada en los intereses a corto plazo del Estado soviético mediante pactos con la extrema derecha, condujo a una catástrofe estratégica: la Alemania nazi tuvo manos libres para conquistar primero Europa occidental y luego volver sus armas hacia Rusia e invadir una Unión Soviética sin preparación, de la que ocupó la mitad del país. Mientras tanto, los movimientos de solidaridad internacional contra el fascismo se habían debilitado y desorientado temporalmente con los cambios de rumbo de la política de Stalin.

A mediados de la década de 1970, la reconciliación de la República Popular China con EE.UU. llevó a un giro en su política internacional: el imperialismo de EE.UU. se convirtió en un aliado contra lo que consideraban el mal mayor del social-imperialismo soviético. Como resultado, China, bajo el presidente Mao Zedong, instó a sus partidarios internacionales a denunciar los regímenes progresistas que recibían ayuda soviética (Cuba, Vietnam, Angola, etc.) y retiró su apoyo a la resistencia armada revolucionaria contra estados clientes proestadounidenses en el sudeste asiático. El pacto de China con Washington trataba de asegurar los intereses de Estado más inmediatos: el reconocimiento diplomático y el fin del embargo comercial. Las ventajas comerciales y diplomáticas que obtuvo Mao a corto plazo tuvieron la contrapartida de sacrificar los objetivos estratégicos más fundamentales de promover los valores socialistas en el país y la revolución en el extranjero.

Como resultado, China perdió su credibilidad entre los revolucionarios antiimperialistas del Tercer Mundo, a cambio de obtener los favores de la Casa Blanca y un mayor acceso al mercado mundial capitalista. El pragmatismo a corto plazo condujo a la transformación a largo plazo: la República Popular China se convirtió en una dinámica potencia capitalista emergente, con algunas de las mayores desigualdades sociales de Asia y quizás del mundo.

Venezuela: los intereses del Estado frente a la solidaridad internacional

El auge de las políticas radicales en Venezuela, causa y consecuencia de la elección del presidente Chávez en 1999, coincidió con el auge de los movimientos sociales revolucionarios en toda América Latina desde finales de la década de 1990 hasta mediados de la primera década del siglo XXI (1995-2005). Los regímenes neoliberales de Ecuador, Bolivia y Argentina fueron derrocados, los movimientos sociales de masas que desafiaban la ortodoxia neoliberal se arraigaron en todas partes, los movimientos de la guerrilla colombiana avanzaron hacia las grandes ciudades y en Brasil, Argentina, Bolivia, Paraguay, Ecuador y Uruguay llegaron al poder gobernantes de centro-izquierda. Las crisis económicas estadounidenses socavaron la credibilidad del programa de libre comercio de Washington. La creciente demanda asiática de materias primas estimuló un auge en las economías de América Latina, y gracias a ella se financiaron programas sociales y nacionalizaciones.

En el caso de Venezuela, el fallido golpe de Estado militar respaldado por Estados Unidos y el boicot de los dirigentes de la compañía nacional del petróleo, PDVSA, en 2002-2003, obligó al gobierno de Chávez a apoyarse en las masas y girar a la izquierda. Chávez procedió a una renacionalización del petróleo e industrias afines, y a articular una ideología bolivariano-socialista.

La radicalización de Chávez encontró un clima favorable en América Latina, y los abundantes ingresos de la subida del precio del petróleo financiaron sus programas sociales. Chávez mantuvo una posición plural de brazos abiertos a los gobiernos de centro-izquierda, respaldo de los movimientos sociales radicales y apoyo a las propuestas de la guerrilla colombiana a favor de una solución negociada. Chávez pidió el reconocimiento de la guerrilla de Colombia como beligerante legítimo y no como organización terrorista.

La política exterior de Venezuela se orientó al aislamiento de su principal amenaza, que emana de Washington, mediante la promoción exclusiva de organizaciones del área de América Latina y el Caribe, el fortalecimiento del comercio y los acuerdos de inversión regionales, y la confirmación de aliados regionales opuestos al intervencionismo, los pactos militares y las bases de Estados Unidos, y los golpes militares apoyados por este país.

En respuesta a la financiación estadounidense de grupos de la oposición venezolana (electorales y extraparlamentarios), Chávez brindó apoyo moral y político a los grupos antiimperialistas en toda América Latina. Después de que Israel y los sionistas estadounidenses comenzaran a atacar a Venezuela, Chávez expresó su apoyo a los palestinos y estrechó los lazos con Irán y otros movimientos y gobiernos árabes antiimperialistas. Por encima de todo, Chávez fortaleció sus lazos políticos y económicos con Cuba, y celebró consultas con la dirigencia cubana para formar un eje radical de oposición al imperialismo. Los esfuerzos de Washington de estrangular la revolución cubana mediante el embargo económico se vieron socavados por los acuerdos económicos a gran escala y largo plazo de Chávez con La Habana.

Hasta la última parte de la década, la política exterior de Venezuela –sus intereses de Estado– coinciden con los intereses de los gobiernos de izquierdas y los movimientos sociales en toda América Latina. Chávez se enfrentó diplomáticamente con los Estados satélites de Washington en el hemisferio, especialmente con Colombia, encabezada por el presidente de los escuadrónes de la muerte y el narcotráfico, Álvaro Uribe (2002-2010). Sin embargo, estos últimos años hemos asistido a varios cambios externos e internos y un viraje gradual hacia el centro.

El auge revolucionario en América Latina ha comenzado a remitir. Los levantamientos de masas llevaron al poder gobiernos de centro-izquierda, que, a su vez, desmovilizaron los movimientos radicales y adoptaron estrategias basadas en la exportación de productos agropecuarios y minerales, al tiempo que desarrollaban una política exterior autónoma independiente respecto a Estados Unidos. Los movimientos guerrilleros colombianos estaban a la defensiva y había disminuido su capacidad de amortiguación para Venezuela ante un gobierno colombiano hostil. Chávez se adaptó a estas nuevas realidades, convirtiéndose en un seguidor acrítico de los regímenes social-liberales de Lula en Brasil, Morales en Bolivia, Correa en Ecuador, Vázquez en Uruguay y Bachelet en Chile. Cada vez con más frecuencia, Chávez buscaba el decidido apoyo diplomático inmediato de los regímenes existentes por encima de cualquier apoyo a largo plazo, que podría ser el resultado de un renacimiento de los movimientos de masas. Los lazos comerciales con Brasil y Argentina y el apoyo diplomático de los otros estados de América Latina frente a unos Estados Unidos cada vez más agresivos se convirtieron en elemento fundamental de la política exterior de Venezuela. La base de la política venezolana ya no era la política interna de los regímenes de centro-izquierda y de centro, sino su grado de apoyo a una política exterior independiente.

Las repetidas intervenciones de EE.UU. no han podido generar un golpe de Estado exitoso o una victoria electoral contra Chávez. Como resultado, Washington utilizó cada vez más las amenazas externas a través de su satélite colombiano, Estado destinatario de 5.000 millones de dólares en ayuda militar. La escalada militar de Colombia, sus cruces de frontera y la infiltración de escuadrones de la muerte en Venezuela, obligó a Chávez a una importante adquisición de armas de Rusia y a la formación de una alianza regional (ALBA).

El golpe militar respaldado por Estados Unidos en Honduras provocó un replanteamiento importante de la política de Venezuela. El golpe había derrocado a un liberal de centro elegido democráticamente, el presidente Zelaya, en un país miembro del ALBA, y estableció un régimen represivo subordinado a la Casa Blanca. Sin embargo, el golpe tuvo el efecto de aislar a EE.UU. en América Latina: ni un solo gobierno apoyó el nuevo régimen de Tegucigalpa. Incluso los regímenes neoliberales de Colombia, México, Perú y Panamá votaron a favor de expulsar a Honduras de la Organización de Estados Americanos (OEA). Por un lado, Venezuela vio en esta unidad de la derecha y el centro-izquierda una oportunidad para recomponer sus relaciones con los gobiernos conservadores; por otro, comprendió que el gobierno de Obama está dispuesto a utilizar la opción militar para recuperar su dominio.

El temor a una intervención militar de EE.UU. se incrementó mucho con el acuerdo entre Obama y Uribe por el que se establecían siete bases militares estratégicas estadounidenses cerca de la frontera con Venezuela. Chávez vaciló en su respuesta a esta amenaza inmediata. En un primer momento, casi rompió las relaciones comerciales y diplomáticas con Colombia, para luego reconciliarse de inmediato con Uribe, aunque este último no mostrara ningún deseo de firmar un pacto de coexistencia.

Mientras tanto, las elecciones de 2010 al Congreso de Venezuela llevaron a un aumento importante del apoyo electoral a la derecha apoyada por Estados Unidos (aproximadamente el 50%) y a una mayor representación en el Congreso (40%). Mientras la derecha aumentaba su apoyo dentro de Venezuela, la izquierda en Colombia, tanto la guerrillera como la electoral, perdía terreno. Chávez no podía contar con ninguna contrapeso inmediato contra una provocación militar.

Chávez estaba ante varias opciones. La primera, volver a la anterior política de solidaridad internacional con los movimientos radicales; la segunda, continuar trabajando con los regímenes de centro-izquierda, a la vez que criticaba y mantenía una firme oposición a los gobiernos neoliberales respaldados por EE.UU.; y la tercera, girar a la derecha, más concretamente buscar un acercamiento con el recién elegido presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, y firmar un amplio acuerdo político, militar y económico por el que Venezuela se comprometía a colaborar en la eliminación de los adversarios izquierdistas de Colombia a cambio del compromiso de no agresión (Colombia limitaría las narcoincursiones transfronterizas y las incursiones militares).

Venezuela y Chávez decidieron que las FARC eran un impedimento y que el apoyo de los movimientos radicales sociales colombianos no era tan importante como el estrechamiento de las relaciones diplomáticas con el presidente Santos. Chávez calculaba que cumplir con las demandas políticas de Santos proporcionaría una mayor seguridad para el estado venezolano que confiar en el apoyo de los movimientos de solidaridad internacionales y sus propios aliados radicales internos entre los sindicatos y los intelectuales.

De acuerdo con este giro a la derecha, el régimen de Chávez cumplió las peticiones de Santos de arrestar a guerrilleros de las FARC y el ELN, así como a un destacado periodista izquierdista, y extraditarlos a un estado que ostenta el peor historial de derechos humanos en las Américas desde hace más de dos décadas en términos de tortura y asesinatos extrajudiciales. Este giro a la derecha tiene un carácter todavía más ominoso si se considera que Colombia tiene más de 7.600 presos políticos, de los que 7.000 son sindicalistas, campesinos, indígenas, estudiantes, es decir, no combatientes. Al ceder a las demandas de Santos, Venezuela ni siquiera siguió los protocolos establecidos por la mayoría de los gobiernos democráticos, y no exigió ningúna garantía contra la tortura y de respeto de un proceso judicial correcto. Por otra parte, cuando algunas voces críticas señalaron que estas extradiciones sumarias violan los propios procedimientos constitucionales de Venezuela, Chávez lanzó una feroz campaña de calumnias contra sus críticos, calificándolos de agentes del imperialismo involucrados en un complot para desestabilizar su régimen.

El nuevo aliado derechista de Chávez, el presidente Santos, no ha pagado con la misma moneda: Colombia sigue manteniendo estrechos vínculos militares con el enemigo principal de Venezuela en Washington. De hecho, Santos sigue sin reparos el programa de la Casa Blanca: presionó con éxito a Chávez para que reconociera el gobierno ilegítimo de Lobo en Honduras, producto de un golpe de Estado respaldado por Estados Unidos, a cambio del regreso del derrocado presidente Zelaya. Chávez hizo además lo que ningún otro presidente latinoamericano de centro-izquierda se ha atrevido a hacer: se comprometió a apoyar el regreso a la OEA del gobierno ilegítimo de Honduras. Sobre la base del acuerdo Chávez-Santos, la oposición latinoamericana a Lobo se hundió y Washington consiguió su objetivo estratégico de legitimar un gobierno títere.

El acuerdo de Chávez con Santos para reconocer el gobierno asesino de Lobo ha traicionado la lucha heroica del movimiento de masas de Honduras. Ni uno solo de los funcionarios hondureños responsables de más de un centenar de asesinatos y desapariciones de dirigentes campesinos, periodistas, activistas pro derechos humanos y pro democracia están sujetos a investigación judicial. Chávez ha dado sus bendiciones a la impunidad y a la continuación del aparato represivo completo, apoyado por la oligarquía hondureña y el Pentágono.

En otras palabras, para demostrar su voluntad de defender su pacto de amistad y de no agresión con Santos, Chávez estuvo dispuesto a sacrificar la lucha de uno de los movimientos más prometedores y valientes pro democracia en las Américas.

Y ¿qué es lo que Chávez busca en su acomodo con la derecha?

¿Seguridad? Chávez ha recibido sólo promesas verbales y algunas expresiones de gratitud de Santos. Sin embargo, el enorme mando militar pro estadounidense y la misión de EE.UU. siguen en su lugar. En otras palabras, no habrá desmantelamiento de las fuerzas paramilitares y militares colombianas agrupadas a lo largo de la frontera con Venezuela, ni tampoco habrá marcha atrás en los acuerdos de las bases militares de EE.UU., que amenazan la seguridad nacional venezolana.

Según diplomáticos venezolanos, la táctica de Chávez es ganarse a Santos sacándolo de la tutela de EE.UU. Mediante su amistad con Santos, Chávez espera que Bogotá no participe en ninguna operación militar conjunta con EE.UU. ni que coopere en futuras campañas de desestabilización propagandística. En el breve tiempo transcurrido tras el pacto Santos-Chávez, un Washington envalentonado anunció ya un embargo a la empresa estatal petrolera de Venezuela con el apoyo de la oposición en el Congreso venezolano. Santos, por su parte, no ha cumplido el embargo, pero por otra parte ni un solo país en el mundo ha seguido el ejemplo de Washington. Claramente, el presidente Santos no va a poner en peligro para la cifra anual de 10.000 millones de dólares en comercio entre Colombia y Venezuela con el fin de satisfacer el capricho de la Secretaria de Estado de EE.UU., Hillary Clinton.

Conclusión

En contraste con la política de Chávez de entregar a los exiliados de izquierda y los guerrilleros a un régimen autoritario de derechas, el presidente Allende en Chile (1970-73) participó en una delegación que dio la bienvenida a combatientes que huían de la persecución en sus países, Bolivia y Argentina, y les ofreció asilo. Durante muchos años, especialmente en la década de 1980, México, con gobiernos de centro-derecha, reconocía abiertamente el derecho de asilo para los refugiados y guerrilleros de izquierda de América Central (El Salvador y Guatemala). La Cuba revolucionaria, durante décadas, ofreció asilo y tratamiento médico a los refugiados y guerrilleros que huían de las dictaduras latinoamericanas, y rechazó las demandas de extradición. Incluso en 2006, cuando el gobierno cubano buscaba establecer relaciones de amistad con Colombia y su ministro de Relaciones Exteriores, Felipe Pérez Roque, expresaba sus serias reservas respecto a las FARC en conversaciones con este autor, Cuba se negó a extraditar guerrilleros a sus países de origen, donde iban a ser torturados y maltratados. Un día antes de dejar el cargo, en 2011, el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, rechazó la petición de Italia de extraditar a Cesare Battisti, un ex guerrillero italiano. Como dijo un juez brasileño –y es algo que Chávez debiera escuchar–: "Lo que está aquí en juego es la soberanía nacional. Ni más ni menos."

Nadie podría criticar los esfuerzos de Chávez para reducir las tensiones fronterizas mediante el desarrollo de mejores relaciones diplomáticas con Colombia y ampliar los flujos comerciales y de inversión entre los dos países. Lo que es inaceptable es que se describa al homicida régimen colombiano como un amigo del pueblo de Venezuela y un socio para la paz y la democracia, mientras que miles de presos políticos demócratas se pudren en las cárceles colombianas, infestadas de tuberculosis, durante años por cargos inventados. Bajo Santos, los activistas civiles siguen siendo asesinados casi todos los días. El más reciente crimen acaeció el 9 de junio de 2011: Ana Fabricia Córdoba, líder de una comunidad de campesinos desplazados, fue asesinada por las fuerzas armadas colombianas. El abrazo de Chávez con la narcopresidencia de Santos va más allá de las exigencias que impone el mantenimiento de relaciones diplomáticas y comerciales. Su colaboración con los servicios secretos colombianos, los militares y la policía secreta en la caza y deportación de izquierdistas (sin el debido proceso) huele a complicidad en la represión dictatorial y sirve para alienar a los partidarios más consecuentes de la transformación bolivariana de Venezuela.

El papel de Chávez en la legitimación del golpe de Estado de Hondura, sin tener en cuenta las demandas de justicia de los movimientos populares es una capitulación clara ante la línea política de Santos-Obama. Esta línea de acción coloca los intereses del Estado de Venezuela por encima de los derechos de los movimientos populares de Honduras. La colaboración de Chávez con Santos en la vigilancia a los izquierdistas y la debilitación de las luchas populares en Honduras plantean serios interrogantes sobre la tan cacareada solidaridad revolucionaria de Venezuela. Sin duda, siembra de profunda desconfianza las futuras relaciones con los movimientos populares que pudieran estar en lucha con uno de los socios diplomáticos y económicos de centro-derecha de Chávez.

Lo que es particularmente preocupante es que los regímenes más democráticos, incluso los de centro-izquierda, no sacrifican a los movimientos sociales de masas en el altar de la seguridad cuando normalizan relaciones con un adversario. Ciertamente, la derecha, especialmente en EE.UU., protege a sus ex clientes, aliados, oligarquías de extrema derecha y terroristas en el exilio de las solicitudes de extradición presentadas por Venezuela, Cuba y Argentina. Asesinos de masas y terroristas que han colocado bombas en aviones siguen viviendo cómodamente en Florida. El sometimiento a las exigencias derechistas de los colombianos, mientras se queja de la protección de EE.UU. a terroristas culpables de crímenes en Venezuela, sólo puede explicarse por el giro ideológico de Chávez a la derecha, que hace de éste un país más vulnerable a las presiones para obtener nuevas y mayores concesiones en el futuro.

Chávez ya no está interesado en apoyar a la izquierda radical. Su definición de la política estatal gira en torno a garantizar la estabilidad del socialismo bolivariano en un país, incluso si ello implica sacrificar a los militantes colombianos ante un estado policial y a los movimientos pro democracia de Honduras ante un régimen ilegítimo impuesto por Estados Unidos.

La historia ofrece lecciones encontradas. Los acuerdos de Stalin con Hitler fueron un desastre estratégico para el pueblo soviético; una vez que los fascistas consiguieron lo que querían se dieron la vuelta e invadieron Rusia. Chávez hasta ahora no ha recibido ninguna concesión recíproca que justifique la confianza en la máquina militar de Santos. Incluso en términos de unos intereses de estado de estrechas miras, ha sacrificado a aliados leales a cambio de promesas vacías. El estado imperial de EE.UU. es el aliado principal Santos y su gran proveedor militar. China sacrificó la solidaridad internacional por un pacto con EE.UU., una política que condujo a una explotación capitalista no reglamentada y a profundas injusticias sociales.

Si llega a producirse un enfrentamiento entre EE.UU. y Venezuela ¿será capaz Chávez, al menos, de poder contar con la neutralidad de Colombia? Si las relaciones pasadas y presentes sirven de indicación, Colombia se pondrá al lado de su cliente-maestro, mega-benefactor y mentor ideológico. Cuando se produzca una nueva ruptura ¿podrá contar Chávez con el apoyo de los militantes que han sido encarcelados, los movimientos populares que ha apartado a un lado y los movimientos e intelectuales internacionales que ha calumniado? A medida que EE.UU. vaya hacia nuevas confrontaciones con Venezuela e intensifique sus sanciones económicas la solidaridad nacional e internacional será vital para la defensa de Venezuela. ¿Quién va a defender la revolución bolivariana, los Santos y Lobos de este mundo "realista" o los movimientos de solidaridad en las calles de Caracas y las Américas?

Traducción por S. Seguí

Original en inglés: http://petras.lahaine.org/?p=1864


http://www.rebelion.org/noticia.php…

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