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Entrevistas

REMEDIOS GARCÍA TRABAJÓ COMO MEDIADORA EN PAÍSES EN CONFLICTO, ESTÁ ACUSADA DE COLABORAR CON LAS FARC-EP

Remedios García Albert: “El Gobierno de Uribe no reconoce el conflicto armado ni acepta mediadores”

Cuando la policía la detuvo a Remedios García, trabajaba en la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB). La base de su detención fueron unos supuestos correos electrónicos encontrados en el ordenador del guerrillero de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia- Ejército del Pueblo (FARC-EP), Raúl Reyes. Desde entonces se le ha abierto un proceso judicial en la Audiencia Nacional. Baltasar Garzón, primero, y el juez Eloy Velasco después, instruyen el sumario en el que se le acusa de “representante política” de las FARC-EP. A su abogado, Enrique Santiago, no se le ha permitido presentar pruebas en contra de esta acusación porque, según el juzgado, existe secreto de sumario. Su caso ha desatado una campaña de solidaridad desde diversas organizaciones que denuncian la criminalización de los defensores de derechos humanos del presidente Álvaro Uribe, dentro y fuera de Colombia.

DIAGONAL: Desde la perspectiva del Derecho Internacional y su experiencia, ¿en qué consiste la mediación en conflictos armados?

REMEDIOS GARCÍA: Se supone que el objetivo de alguien que se dedica a promover la paz es acabar con la guerra. Para terminar con los enfrentamientos armados es necesario un acercamiento de las partes. Eso significa tratar de trasladar propuestas de una a otra parte y restablecer un clima de confianza. En el caso de Colombia, ese clima se ha roto y será difícil restablecerlo. Se quebró porque, a parte de las negociaciones con el Gobierno de Andrés Pastrana (1998-2002), hubo otros diálogos durante el gobierno de Belisario Betancur (1982-1986) que terminaron porque una de las partes fue físicamente aniquilada.

D.: ¿Es posible llevar a cabo diálogos entre la guerrilla y el Gobierno, sin mediadores?

R.G.: Es difícil por la desconfianza que se ha sembrado y por los frustrados procesos. El más evidente fue el de los asesinatos selectivos de los miembros de la Unión Patriótica (UP). La UP fue una organización que surgió a raíz de un proceso de paz que se dio durante la presidencia de Belisario Betancur (1982-1986). La idea era tener la posibilidad de estar representados en la sociedad, que se escucharan sus propuestas y de esta manera abandonar, la lucha armada. Llegaron a participar en unas elecciones municipales y tuvieron un buen resultado. Entonces empezó una campaña de exterminio. Por eso, es necesaria la participación de otros actores externos. Pero los problemas de Colombia los tienen que resolver los colombianos. Uribe no ha reconocido el conflicto, por lo tanto los mediadores son innecesarios. Sí, hubo mediadores reconocidos, como la senadora Piedad Córdoba y el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, en 2009. Entonces había una presión internacional muy fuerte para que se llevara a cabo el intercambio humanitario.

Remedios García Albert “Se ha pretendido silenciar a todas las voces que acusan al Gobierno colombiano de Álvaro Uribe de violaciones de derechos humanos”.

D.: En el congreso que organizó la Organización de Solidaridad con los Pueblos de Asia, África y América Latina (OSPAAAL), en la que usted trabajaba, Fabio Valencia, representante del gobierno de Pastrana, señaló que la única salida pasaba por el diálogo. ¿Qué cambió con el presidente Uribe?

R.G.: Este congreso celebrado en el año 2000 tenía como objetivo apoyar el proceso de negociación de paz. El proceso de paz del Caguán se estaba llevando a cabo paralelamente a la elaboración y puesta en marcha del Plan Colombia (1999). Este plan, diseñado por EE UU con el beneplácito del presidente Andrés Pastrana, se fue implantando progresivamente. Hay quien opina que la negociación de paz con las FARC-EP, en aquel momento, fue una forma de preparar el Plan Colombia. La ruptura de los diálogos del Caguán se produjo después, tras los atentados del 11-S, en 2001. Entonces es cuando se empieza a criminalizar a las organizaciones, no sólo en Colombia, en todo el mundo. Se las define como terroristas. No sabemos a qué responde que una organización sea introducida en una lista de grupos calificados como terroristas. No ha habido un juicio que diga que dichas organizaciones no tienen reivindicaciones políticas justas. Se siguen violando los derechos humanos, por lo tanto, las reivindicaciones siguen teniendo vigencia.

D.: ¿Hay voluntad de juzgar a los responsables de crímenes de lesa humanidad?

R.G.: No sé. Lo que sí sé es que cada vez hay más pruebas de que las organizaciones paramilitares actuaban en connivencia con el ejército y con la policía. Sin embargo, con los paramilitares sí se produjo el proceso de paz. ¿Cómo se puede hacer un proceso de paz con ellos? Es contradictorio, ellos no estaban enfrentados con el Estado, no han luchado contra él.

D.: ¿Por qué cree que Uribe decidió arremeter contra todas las personas que han trabajado para un proceso de paz en Colombia desde el Gobierno de Pastrana?

R.G.: Uribe ha negado la guerra en todo momento. Y a la descalificación del “enemigo político” hay que sumarle la persecución, que forma parte de la estrategia de guerra: acallar a cualquiera que denuncie violaciones de los derechos humanos. Entonces los testigos exteriores son un peligro serio. Respecto al Estado español, el presidente de Colombia está interesado en que el conflicto de su país se asimile al conflicto vasco. Si él logra esta similitud, tendría garantizado un apoyo internacional. Uribe siempre ha visto por ahí una vía para eludir la búsqueda de una solución dialogada.

D.: ¿Por qué, en este caso concreto, también se le persigue a usted?

R.G.: Tendrían que responder otros. Lo que sí es extraño es que en ningún otro país se ha detenido a ninguno de sus ciudadanos por denuncias del Gobierno colombiano. Ha habido denuncias contra italianos y suizos, pero no han sido detenidos, acusados de terrorismo, y sometidos a una ley antiterrorista, sólo ha ocurrido en el Estado español. Yo no soy ninguna terrorista. Tampoco promuevo el uso de las armas. Lo único que he hecho, ha sido trabajar por una salida pacífica, por medio del diálogo y la negociación al conflicto armado en Colombia. No formo parte, ni he formado parte de ninguna organización armada.

D.: ¿En qué situación se encuentran las causas abiertas contra usted en la Audiencia Nacional?

R.G.: En el caso del juzgado número cinco, que llevaba Garzón, el caso está igual que hace 23 meses, bajo secreto de sumario. Mi abogado ha presentado algunas reclamaciones para que se levantara, pero no ha habido respuesta. En el caso del segundo proceso, a mí se me citó para ir a declarar el pasado 24 de marzo. Pocos días antes de esta fecha, recibimos una notificación diciendo que se suspendía la citación. Lo único que hemos sabido, a través de la prensa, es que se distribuyó información de que yo era la representante internacional de una organización armada colombiana. Hace poco se ha publicado en algunos medios de comunicación que la policía española ha estado investigando en Colombia y que no ha encontrado ninguna pista sobre la persona que estuvo coordinando unos cursos entre ETA y las FARC en Venezuela. La policía tiene constancia de que en esas fechas, la persona que se menciona en el auto del juez Velasco se encontraba en España.

D: ¿Qué pretende Uribe con la criminalización de los defensores de derechos humanos?

R.G.: Uribe quiere silenciar a todas las voces que le acusan, a las organizaciones que denuncian las continuas violaciones de los derechos humanos.

El informe Alston de Naciones Unidas acusa a Uribe

En el último informe, publicado hace un mes, el relator especial de la ONU, Philip Alston, señala que “mientras el Gobierno [de Colombia] se ha centrado en una solución militar, debería considerar los acuerdos humanitarios y las negociaciones como parte de su estrategia”. El informe elaborado tras la visita de Alston a Colombia en junio de 2009 recomienda que “tanto, Naciones Unidas, como los actores humanitarios necesitan poder tener contacto con las guerrillas para posteriores actividades de protección a civiles”. El relator señala sobre las ejecuciones extrajudiciales que “las fuerzas de seguridad de Colombia perpetraron un número significativo de ejecuciones extrajudiciales en un patrón que se fue repitiendo a lo largo del país”. Sobre estos asesinatos argumenta: “…encontré muchas unidades militares comprometidas con los ‘falsos positivos’, donde las víctimas eran asesinadas por militares, por beneficio personal de los soldados”. Respecto a los paramilitares, dice que “la inmensa mayoría de los paramilitares responsables de violaciones de derechos humanos fueron desmovilizados sin ser investigados y se beneficiaron de amnistías”.

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