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Comunicados y Cartas

Un año de atropellos e injusticia, pero de mucha dignidad

"La resistencia es un deber, no una obligación.Mantener la dignidad es un imperativo absoluto eso es: la dignidad es lo que me queda, lo que nos queda" (Tahar Ben Jelloun)

Hoy 13 de mayo de 2010 a punto de cumplir un año de estar privado arbitrariamente de mi libertad. Un año en el que se me han violado mis derechos fundamentales; un año en el que los medios oficiales de comunicación me han tratado como un peligroso terrorista; un año en el que he sido víctima de presiones físicas y psicológicas, incluyendo amenazas contra mi familia; un año en el que se me ha condenado a vivir la mayor parte del tiempo en una celda de tres por cuatro metros, con tres y hasta cuatro internos más en condiciones de hacinamiento, un año en que he padecido los maltratos de una guardia que reacciona violentamente cuando hago valer mis derechos. En una palabra, un año de inenarrables sufrimientos físicos y morales.

Pero más allá de estas difíciles circunstancias, quisiera decirles que como sociólogo, como colombiano, como ser humano, estos doce mese de prisión han sido un gran aprendizaje para mi, una “oportunidad” para ampliar mi horizonte de conocimientos y observar de cerca una realidad que los medios de comunicación y los poderes establecidos pretenden ocultar afanosamente.

Para empezar he apreciado el auténtico rostro autoritario de regímenes que como México y Colombia exaltan en sus constituciones y en sus discursos oficiales la primacía de los valores democráticos, pero que no vacilan en recurrir a mecanismos tan repudiables como el secuestro, la desaparición forzada, la tortura y la violación de los derechos humanos de sus ciudadanos con el pretexto de combatir una supuesta “amenaza terrorista”. Y es que debo decirles –porque los medios de comunicación al servicio del stablishment lo han ocultado- que no fui capturado sino secuestrado y torturado por las autoridades mexicanas –en una operación coordinada con la DIJIN colombiana- cuando creyendo en las instituciones democráticas de estos países, me presenté voluntariamente a las oficinas del Instituto Nacional de Migración a solicitar una prórroga de mi estancia legal, con el fin de concluirá mi investigación posdoctoral que adelantaba por una invitación del Centro de estudios Latinoamericanos (CELA) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Ese 22 de mayo de 2009 el presidente Felipe Calderón, contrariando la voluntad del pueblo mexicano, cortó de tajo una larga tradición democrática que en décadas anteriores hizo de este país un lugar de refugio para numerosos intelectuales, políticos y líderes populares perseguidos por los regímenes autoritarios del continente y del mundo entero. Con esta infame acción, el gobierno del mandatario mexicano reafirma su pretensión de aplicar para México los lineamientos de la mal llamada “seguridad democrática”, que en Colombia ha arrojado como resultado el crecimiento del número de desplazados, la legalización de las organizaciones paramilitares, el incremento de las desapariciones forzadas y las ejecuciones extrajudiciales, sin contar con el profundo desangre presupuestal que lejos de resolver el problema de la violencia no hace más que agudizarlo.

Este doloroso capítulo de mi vida me ha permitido conocer los engranajes de una justicia viciada en la que primero se juzga y luego se investiga, una justicia que se sustenta en procedimientos encaminados a obtener un fallo condenatorio; un sistema penal acusatorio donde lo verdaderamente importante para el estado es que el sindicado esté dispuesto a reconocer su delito; un ente fiscal que se apoya en metodologías probatorias que no satisfacen las exigencias mínimas del proceso legal, un sistema procesal que no garantiza los principios del Estado real de derecho. Todo lo cual quedó claro en la audiencia de legalización de mi captura, donde un juez de garantías legitimó una captura ilegal, ignorando deliberadamente mi delicado estado de salud; una imputación donde no se aclaran los supuestos hechos delictivos (el cómo, cuándo y dónde ocurrieron); una inculpación donde se afirma que crear grupos de investigación científica es “concierto para delinquir” y que hablar de en espacios académicos del conflicto social y armado configura un delito de “rebelión”. Un juicio que se sustenta en una prueba ilícita e ilegal como el supuesto computador de “Raúl Reyes”.

Mientras efectivos del ejército acusados de ser autores materiales de “falsos positivos” (léase asesinatos a sangre fría) eran dejados en libertad por “vencimiento de términos” a mí se me convocaba a juicio oral para el 30 de diciembre de 2009, advirtiendo falazmente que mi defensa estaba recurriendo a maniobras dilatorias con el fin de obtener mi libertad amparado en esta misma figura jurídica. Cinco meses después de instalado el juicio oral no se ha dado inicio al mismo y a la espera de que esto suceda ya he cumplido un año de condena en este pabellón de máxima seguridad.

Para quienes no han tenido el infortunio de estar aquí –y espero que jamás lo tengan- el Pabellón de alta Seguridad de “La Cárcel la Picota” alberga internos considerados de un alto perfil delincuencial, por eso estamos sometidos a un régimen penitenciario especial –copiado del modelo norteamericano- que propicia la violación de nuestros derechos fundamentales, la restricción de visitas, la prohibición de usar espacios físicos recreativos y de trabajo (vb.gr. talleres); y el permanente monitoreo de cámaras de video, entre muchas otras medidas represivas que parten de negar nuestra condición humana porque se nos ha clasificado como peligroso para la sociedad. Contrasta esta situación con el tratamiento que reciben los jefes paramilitares, narcotraficantes y parapolíticos incriminados en masacres y delitos de lesa humanidad, quienes habitan en cómodos pabellones, con toda clase de lujos y prebendas por parte de las Directivas del INPEC (Instituto Nacional Penitenciario de Colombia), cuando no gozan del beneficio de la detención domiciliaria, derecho que me fue negado pese a ser un servidor público y carecer de antecedentes penales.

Estos doce meses de presidio político no han podido, sin embargo, doblegar mi voluntad de lucha, porque para un espíritu libre no pueden haber barreras que impidan su acción. He impartido cursos de sociología, historia de América Latina, gramática y ortografía, hemos impulsado jornadas deportivo-culturales; he escrito y llevado a escena una obra de teatro (“El señor presidente apesta”); hemos fundado la Biblioteca “Jairo Antonio Sánchez”, primero en la cárcel Modelo y ahora en la Picota; y el pasado primero de mayo, día internacional de la clase obrera, lanzamos a la luz pública el primer número de boletín de presos políticos “la Fuga a viva voz” que pretende ser una valiente fuga de denuncias para re-encontrarnos con ese mundo externo que no nos es ajeno y que por el contrario es aliento para nuestra lucha.

Sin la fuerza solidaria que ustedes me han comunicado, todo esto hubiese sido imposible. Desde el momento mismo de mi detención la Asociación Sindical de Profesores Universitarios (ASPU), la Asociación de Profesores de la Universidad de Antioquia (ASOPRUDEA), junto con mi familia, amigos, amigas, estudiantes y colegas de Colombia y el mundo entero, han asumido de manera activa el liderazgo de una campaña por la defensa del pensamiento crítico. A ellos, a las organizaciones y grupos de trabajo estudiantil, a los medios alternativos de comunicación, a las ONG’s defensoras de derechos humanos, a los intelectuales y académicos críticos, quisiera agradecer su decidida solidaridad, que en este momento constituye el mejor aliciente para seguir adelante y un escudo invencible para hacer frente a esta injusta situación.

Lamento sí que las altas directivas de la universidad, y particularmente su máxima cabeza visible, el Dr. Moisés Wasserman, tan enfático a la hora de condenar legitimas expresiones de protesta de los estudiantes, calle frente a los atropellos de un gobierno ilegitimo que recurre a la violencia física y simbólica para silenciar a la comunidad universitaria: ¿Qué podemos pensar de un rector que se apresura a calificar de “secuestradores” a estudiantes que no le permiten salir de su carro mientras calla frente al secuestro de un docente de su planta profesoral que adelanta estudios postdoctorales en un país vecino y, de un momento a otro es presentado ante la opinión pública nacional e internacional como uno peligroso terrorista sin el más mínimo respeto a su presunción de inocencia? ¿Será posible que esta delicada situación no suscite entre los directivos de nuestra magna casa de estudios la más elemental reflexión sobre el papel crítico de la academia en una sociedad atravesada por un agudo conflicto social y armado? ¿O es que la relevancia social de la universidad solo puede medirse a través de indicadores cuantitativos de productividad?

Tal parece que en la universidad pública bien abriéndose paso una tecnocracia académica con vocación burocrática que ve en el Alma Mater una fuente de legitimización de su poder, que privilegia la eficiencia, edificando sobre ella un sistema único de valores y concepciones acerca de las formas de gestión universitaria; una burocracia que resulta incapaz de adelantar reformas académicas con pertinencia social, porque se halla a espaldas de la comunidad universitaria; un gobierno universitario más comprometido con la reproducción de los grupos dominantes de poder que con un gobierno verdaderamente académico. Esto explica su negativa a asumir y debatir, de cara al país, los problemas nacionales.

Decía alguna vez el escritor español Miguel de Unamuno que: “hay momentos en que callar es mentir” y este silencio institucional de la Universidad es otra manera de conceder la razón a los tiranos. Y es que en ocasiones el miedo nos hace crear fantasmas y peor aún, creer en ellos.

Mi hoja de vida ha sido transparente, está a la vista de todos y todas ustedes. Son más de dos décadas de labor docente e investigación en que he enseñado a mis estudiantes no a disparar armas sino ideas; a indagar, explorar y comprender los fenómenos sociales que supone considerar todos los puntos de vista y explicaciones, así como descubrir hechos incómodos que más temprano que tarde chocarán con los saberes y poderes establecidos.

Por esos los convoco a que venzan sus temores, se despojen de su mordaza y hagan presencia masiva en el juicio oral que se iniciará el próximo lunes 24 de mayo de 2010, porque allí no se Juzgara al profesor Miguel Ángel Beltrán Villegas, allí se enjuiciará el pensamiento crítico, la libertad de cátedra, el trabajo académico comprometido.

En una palabra la esencia misma de la universidad pública, violentada por aquellos que pretenden coartar las ideas y convertir el Alma mater en un espacio para el pensamiento único y hegemónico.

Quiero que comprendan que el haber optado por esta opción de vida, hoy me mantiene tras estas rejas y ad portas de un juicio oral que podría concluir en una condena de hasta 30 años, puedo decirles que no me arrepentiré de mis convicciones porque creo en el hombre y creer en el hombre significa creer en su libertad de pensamiento, de palabra, de crítica, de oposición, todo lo que este Estado persigue y criminaliza para garantizar los intereses de una minoría, por eso concluyo con el escritor marroquí Tajar Ben Jelloun que: “Nunca condenaré a los que no soportan a los que les hacen sufrir ya acaban sucumbiendo a la tortura y se dejan morir. He aprendido a no juzgar a los hombres. Solo soy un hombre semejante a todos los demás, con la voluntad de no ceder”.

Un abrazo fraterno

Miguel Ángel Beltrán Villegas,

Preso político, Pabellón “Alta Seguridad” (2Piso), Cárcel La Picota

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¡Libertad para Miguel Ángel Beltrán Villegas, preso político en Colombia!