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Análisis de interés

Colombia: La Seguridad Democrática en crisis

EDICIÓN No. 856

26 de noviembre a 2 de diciembre

Los resultados de 2009 indican que la política de Seguridad Democrática ha empezado a declinar. Tuvo su punto más alto en 2008 cuando fueron extraditados 14 jefes paramilitares, se produjo la muerte de tres miembros del Secretariado de las Farc, se realizó la ’Operación Jaque’ que trajo a la libertad a Íngrid Betancourt y a otros 14 secuestrados, y se redujo el tráfico de drogas.

Fue el momento cumbre de un proyecto que a lo largo de seis años había reducido los homicidios, los secuestros y el asedio de los grupos ilegales a los grandes centros de población y producción, mediante un gran esfuerzo del Estado y del sector privado que llevó a un aumento de más del 70 por ciento de los efectivos de la Fuerza Pública y a uno similar en los gastos de defensa.

Los impactantes resultados de 2008 generaron una gran euforia en el Gobierno y en la opinión pública y llevaron a pensar a muchos sectores que los paramilitares eran asunto del pasado y que las guerrillas estaban en su momento final.

Sin embargo, el balance de las acciones y de la presencia de los grupos ilegales en 2009 muestra un panorama distinto. Una nueva generación de paramilitares -llamados por el Gobierno ’Bacrim’, bandas criminales- está extendiéndose de manera acelerada por todo el país y sus acciones han logrado un récord que supera la suma de las actividades de las Farc y el Eln.

Especial atención merece el caso de las ciudades. Medellín ha regresado a una situación muy parecida a la de 2003. Las bandas y los ’combos’ se han reactivado y han logrado que este año la cifra de homicidios se acerque a 2.000: una tasa de 73 por cada 100.000 habitantes. Bogotá está empezando a vivir una preocupante presencia de grupos armados y mafias en las principales entradas y salidas de la ciudad, que acuden a la violencia y al sicariato para apoderarse de negocios lícitos e ilícitos. Y en otras 13 ciudades también se siente la proliferación de grandes bandas herederas de los paramilitares.

En cuanto a la guerrilla, después de sus graves derrotas en la cordillera Oriental, se ha atrincherado en lugares clave de la cordillera Central y en las zonas fronterizas de Venezuela y Ecuador, y ha iniciado con éxito un proceso de reorganización de sus fuerzas y relanzamiento de sus actividades. Hasta octubre 20, las Farc registraban 1.429 acciones, cerca del 30 por ciento más que en 2008. Han vuelto a atacar bases fijas y a incursionar en cascos urbanos con resultados muy negativos para las Fuerzas Militares y la Policía. El Eln, a pesar de su marginalidad y su baja actividad en los últimos años, muestra ahora un incremento considerable en sus filas y una mayor actividad de sus estructuras en Cauca, Nariño y Arauca.

Las Fuerzas Armadas están afrontando una dura prueba. El asesinato de 12 jóvenes oriundos de Soacha en un lejano paraje de Norte de Santander a manos de una unidad del Ejército, sacó a la luz pública una inmensa cadena de ejecuciones extrajudiciales que tienen a la Fuerza Pública en graves aprietos ante la Justicia y ante la comunidad internacional. Se conoció entonces que la Fiscalía tiene en procesos a más de 2.000 miembros de las Fuerzas Armadas y que 476 están presos. Esta situación, ligada al desgaste natural que traen siete años de ofensiva continua sobre las guerrillas, ha llevado a una pérdida de iniciativa de las Fuerzas Militares en algunas zonas del país.

La visión de que ha comenzado el declive de la seguridad democrática emana del informe anual del Observatorio del Conflicto Armado de la Corporación Nuevo Arco Iris. Sobre la base de fuentes oficiales de la Vicepresidencia de la República, el seguimiento de la prensa regional, estudios monográficos en regiones y ciudades, y un diálogo intenso con otros centros de investigación y con fuentes de inteligencia militar, los investigadores de Arco Iris han logrado una radiografía de la situación de los grupos irregulares y del estado de la confrontación en el país, y señalan que es urgente un cambio en las estrategias que parta de reconocer los nuevos desafíos de la criminalidad en las ciudades y el reacomodo de las guerrillas. Que tenga en cuenta también la reducción de los gastos en el conflicto interno que vendrán con la crisis económica, el recorte de los dineros del Plan Colombia y la atención de la crisis con Venezuela.

Una gráfica que recoge una larga línea de tiempo de las acciones del Estado y de los grupos irregulares puede ilustrar el momento en que nos encontramos:

En su afán de esconder las limitaciones y fallas que se presentaron en la negociación con los paramilitares, el Gobierno ha insistido en deslindar los grupos que ahora se cobijan bajo las denominaciones de Águilas Negras, Los Rastrojos, Los Paisas, Nueva Generación, Ejército Revolucionario Popular Anticomunista de Colombia, Oficina de Envigado, Autodefensas Gaitanistas de Colombia, etc., de las fuerzas que estuvieron en la mesa de conversaciones en Santa Fe Ralito. Y también ha intentado minimizar el alcance de las acciones de estas organizaciones.

Pero un examen de los lugares donde actúan estos grupos, de sus jefes y del tipo de acciones que realizan, permite concluir que corresponden a estructuras que nunca se desmovilizaron, grupos y personas que después de participar en el proceso de desmovilización han vuelto a las acciones armadas, y nuevas fuerzas reclutadas a partir de la ruptura generada por la reclusión de una parte de la cúpula paramilitar en Itagüí y su posterior extradición a los Estados Unidos.

Los acontecimientos de 2008 y 2009 muestran que tenían mucho de cierto las afirmaciones que Iván Roberto Duque, ’Ernesto Báez’, consignó en una carta enviada al alto comisionado de Paz, Luis Carlos Restrepo, en diciembre 28 de 2006. "Queremos percatar a los colombianos sobre la gravedad del fenómeno de las mal llamadas bandas emergentes, que no son más que grupos de autodefensas desmovilizados a medias, por el fracaso de la reinserción y en proceso acelerado de rearme y expansión, dirigidos por comandantes con tanto poder como usted efectivamente los pudo conocer, y que alcanzaron a quedar por fuera de las puertas de la cárcel", decía Báez. Y agregaba: "Al respecto me veo forzado a recordarle que de los 40 grandes jefes que Usted conoció dentro de la cúpula federada de las Auc, 19 están detenidos, esto indica que más del 50 por ciento de estos altos mandos gozan de libre albedrío, entre ellos el cofundador histórico de las Auc. En igual condición están más de 500 segundos comandantes y cerca de 1.000 mandos medios".

En 2008, la Corporación Nuevo Arco Iris logró identificar acciones de estos grupos en 247 municipios. Para 2009 ha logrado registrar alguna actividad en 46 municipios distintos a los de 2008, lo cual indica que en estos dos años han tenido algún tipo de presencia en 293 municipios. Las agresiones a la población civil y las acciones de contacto con la fuerza pública alcanzan la cifra de 2.286 y el número de integrantes se aproxima a 11.000. Sin duda alguna, están involucrados en el narcotráfico, como lo estaban las Auc, pero se dedican también a golpear a las organizaciones sociales y sindicales, a amenazar a líderes de la oposición y a las víctimas que reclaman sus derechos, y a reconstruir sus nexos con sectores de la fuerza pública y con dirigentes políticos. Se diferencian de la anterior generación de paramilitares en que aún no tienen una estructura nacional que los cobije a todos y en que, en algunos lugares, están aliándose con uno de los grupos guerrilleros para compartir actividades de narcotráfico o para luchar por el control territorial combatiendo a la fuerza pública o a otro grupo insurgente.

El caso emblemático del fracaso de la negociación con los paramilitares es Medellín. Con ocasión de los acuerdos de paz realizados por el gobierno del presidente Uribe con Diego Fernando Murillo Bejarano, ’don Berna’, que llevaron a la desmovilización de los bloques Cacique Nutibara y Héroes de Granada, los homicidios se redujeron a 781 en 2005, 709 en 2006 y 790 en 2007.

Pero una vez rotas las negociaciones y extraditado ’don Berna’, las cifras volvieron a escalar hasta 1.044 homicidios en 2008 y 1.717 entre el 1° de enero y el 31 de octubre de 2009, lo cual indica que en este año el número rondará los 2.000, cifra similar a los 2.012 registrados en 2003.

Las bandas y ’combos’ que antes estaban bajo el control de ’don Berna,’ han vuelto a una intensa actividad. Las autoridades han identificado cerca de 60 grandes estructuras, parte de las cuales recibe órdenes de alias ’Valenciano’ y la otra de alias ’Sebastián’. La gran fragmentación y enfrentamiento que se produjo en 2008 empieza a ceder, y en el punto más alto de la pirámide del crimen han quedado estos dos mandos que en los tiempos de ’don Berna’ ocupaban en lugar secundario.

Realizan, en todo caso, las mismas actividades de los anteriores paramilitares: obligan a conductores de vehículos de servicio público y a pequeños y medianos comerciantes de las comunas a pagarles una cuota. Controlan las entradas de la ciudad en la troncal que va hacia la Costa Caribe y en la carretera que lleva a Urabá, y también en el oriente por las vías que conducen a Bogotá y al aeropuerto José María Córdoba, y en el sur en la entrada desde Cali y el Eje Cafetero. Para conectar estos sitios establecen corredores por donde mueven grandes cantidades de drogas y de armas.

Este tipo de control territorial también empieza a darse en Bogotá. Las capturas de testaferros de ’el loco’ Barrera llevaron a descubrir el interés de este jefe paramilitar en la compra de predios alrededor de la capital. Así mismo, el registro de 106 acciones de sicariato este año muestra que la disputa por el territorio y por los negocios entre las bandas paramilitares está cobrando gran fuerza en una ciudad que no tenía mayores antecedentes en este aspecto.

Kennedy, Suba, Bosa, Ciudad Bolívar y Usaquén son las localidades más afectadas por la presencia de estas bandas, y Corabastos es uno de los lugares donde con más claridad se registra la actividad de Águilas Negras, el bloque Cacique Nutibara, el grupo Héroes Carlos Castaño y el Ejército Revolucionario Popular Anticomunista, al mando de Pedro Olivero, ’Cuchillo’. También hacen presencia en los sanandrecitos, los centros de expendio de droga, las casas de prostitución e influyen en los juegos de azar y en las cooperativas de vigilancia y seguridad. Privilegian en todo caso el suroriente por donde se sale hacia los Llanos Orientales, o la carrera 7ª en la salida hacia Boyacá. Además de ’el Loco’ Barrera y de ’Cuchillo’, las investigaciones señalan que existe presencia importante de grupos ligados a mafias de esmeralderos.

No hay aún un aumento sensible de homicidios en Bogotá, lo cual indica que la disputa por la ciudad apenas comienza y las autoridades están a tiempo de impedir que el fenómeno paramilitar eche raíces como en otras ciudades. En este sentido, tanto la prevención como la confrontación de la nueva generación de paramilitares requieren un cambio profundo de la visión del Gobierno y de la actividad de la fuerza pública.

Es claro que tras la negociación con las Auc quedó intacta buena parte de las redes de narcotráfico y de las estructuras militares más especializadas, y ha sido evidente que estas organizaciones mantienen importantes nexos con sectores de la política, la Justicia y las Fuerzas Armadas, y que cuentan con la tolerancia de agentes del Estado en todos los niveles.

El ’Plan Renacer’

La euforia del Gobierno y de la opinión pública por los golpes propinados a la guerrilla en 2008 tenía buenos motivos. La ’Operación Jaque’ selló con broche de oro una larga cadena de éxitos militares, dentro de los cual el mayor triunfo fue la expulsión de las Farc de Bogotá y Cundinamarca, y en general la disminución decisiva de sus fuerzas en toda la cordillera Oriental. En 2003, las Farc tenían en Cundinamarca nueve frentes, incluido el frente ’Antonio Nariño’, que realizaba operaciones en Bogotá.

En total eran más de 1.200 guerrilleros y no menos de 1.500 milicianos. Las operaciones ’Libertad I’ y ’Libertad II’, lanzadas en 2003 y 2005, lograron desmantelar la mayoría de esos frentes y que se replegaran hacia Meta y Caquetá. Así mismo, las operaciones lanzadas sobre la Sierra de La Macarena y los llanos del Yarí sometieron a permanente acosos al jefe militar de las Farc, Jorge Briceño, ’el Mono Jojoy’, y desbarataron buena parte de sus anillos de seguridad.

Además del castigo continuado de las guerrillas en la cordillera Oriental, la fuerza pública asestó golpes en otras zonas que estremecieron la cúpula de la insurgencia y lograron disminuir sus fuerzas en cerca del 40 por ciento. La ofensiva del Ejército tuvo el mejor momento a finales de 2007 y principios de 2008, cuando ’Manuel Marulanda Vélez’, el jefe histórico de las Farc, se debatía entre la vida y la muerte y en las filas de la guerrilla se producía un gran desorden que permitió acciones como el ataque al campamento de ’Raúl Reyes’ y el asesinato de ’Iván Ríos’ por parte de uno de sus compañeros.

A mediados de 2008 comenzó la reorganización de las Farc con la elección de ’Alfonso Cano’ como sucesor de ’Marulanda’, y el lanzamiento posterior del ’Plan Renacer’, que plantea la reactivación militar de las Farc y la retoma de varios territorios mediante el uso intensivo de minas antipersonal, la movilización de tropa en pequeños grupos, la especialización de francotiradores para hostigar al Ejército en movimiento, la fabricación y uso de armas artesanales para sustituir el armamento convencional, la apertura de escenarios de combate en la cordillera Central y en las fronteras para atraer a la fuerza pública y disminuir la presión sobre la guerrilla en la cordillera Oriental.

Con la reorganización del mando y el nuevo plan, las Farc han logrado frenar el desangre y la desarticulación a las que venían siendo sometidas. Después de la ’Operación Jaque’ han recibido muy pocos golpes e incrementado sus acciones: han logrado reactivar varias estructuras en zonas urbanas y rurales, e incluso creado un nuevo frente guerrillero en el Guaviare, algo que no ocurría hacía varios años.

Particular mención merece el crecimiento de sus fuerzas en Cauca, Nariño, el Bajo Cauca antioqueño y las estructuras que tienen presencia en la frontera con Venezuela. Las Farc mantienen en sus filas alrededor de 11.500 guerrilleros. La incursión de un comando guerrillero en el casco urbano de Garzón, Huila, en mayo pasado, y el reciente ataque a una instalación militar en Corinto, Cauca, con un saldo de nueve militares muertos, muestran que las Farc están recuperando capacidad para atacar bases fijas del Ejército y regresar a los ataques urbanos.

La gráfica 3 muestra la evolución anual de acciones bélicas de las Farc. En ellas se incluyen combates, emboscadas, hostigamientos, francotiradores, campos minados activados y ataques a la infraestructura energética. Pero no se tienen en cuenta capturas, confiscación de caletas, desmovilizaciones, acciones que, en términos generales, no implican actividad armada alguna.

Una mirada superficial nos diría que el accionar se ha mantenido estable, pero las características de las acciones se han modificado. Durante 2003, el 31 por ciento fueron realizadas con explosivos y en 2008 llegaron a 64 por ciento. En lo corrido de 2009 la tendencia no se modifica: las acciones con explosivos se acercan a 55 por ciento. Por acciones con explosivos se entiende campos minados, y emboscadas y hostigamientos en las que utilizan estos artefactos.

La gráfica 4 muestra el total de acciones de las Farc en 2009 (hasta el 20 de octubre se registraron 1.429 acciones). En 10 meses, las Farc realizaron un número superior de acciones a la totalidad del año pasado. Si la tendencia continúa, para finales del año las acciones se acercarían a 1.600, un aumento sustancial con respecto a los años anteriores.

La gráfica 4 indica que el número de Campos Minados Activados (CMA) está por debajo del número de Combates ©, mientras que se registraron 177 acciones de Francotiradores (F), 188 Hostigamientos (H), 88 Ataques a la Infraestructura Energética (AIE) y 36 Emboscadas (E). Es decir, que la capacidad bélica de las Farc en términos de confrontaciones abiertas ha aumentado con respecto a 2008.

La nueva coyuntura de las FF.AA.

El auge económico que permitió aumentar la fuerza pública de 260.000 efectivos a 445.000 en seis años y subir el gasto en defensa de 3,2 por ciento del PIB a 4,6 por ciento, según cálculos de Planeación Nacional, o a 6,0 por ciento, según estimaciones de analistas independientes, no va a continuar. El aumento del déficit fiscal no permite gran movilidad en el gasto. Los empresarios empiezan a mostrar reticencias ante el impuesto de guerra que ha producido cerca de seis billones de pesos en los cuatro años de recaudo. Y los recursos del Plan Colombia que contribuían en forma significativa a la movilidad aérea, pueden llegar a un recorte del 40 por ciento.

Al tiempo que los recursos tienden a disminuir, las bajas en las filas aumentan y este año entre heridos y muertos es muy probable que la cifra se acerque a las 2.500, dado que en los primeros seis meses se registraron 1.346, con una alta cuota de mutilados por minas antipersonales. A esta situación se agrega una mayor exigencia en el desplazamiento de las tropas por los nuevos escenarios de combate y por las tensiones en las fronteras. En apenas una semana, a mediados de noviembre, se anunciaron dos movilizaciones importantes de unidades militares: 2.500 efectivos al norte del Cauca para repeler la ofensiva de las Farc en Toribio, Corinto y Jambaló, y una brigada entera hacia la frontera con Venezuela.

No menos importante es la crispación que se siente en algunos sectores de las Fuerzas Militares por la creciente vinculación de sus miembros a los juicios por ejecuciones extrajudiciales y por la entrada en vigencia de la Corte Penal Internacional que tiene puestos sus ojos en la situación colombiana.

Nada fácil va a estar la situación de seguridad en la próxima campaña electoral con una nueva generación de paramilitares en expansión, una guerrilla en proceso de reactivación y una fuerza pública en dificultades. Son asuntos sensibles que deberían estar en el centro del debate electoral, pero los candidatos están eludiendo la discusión bajo la premisa de que en este campo el presidente Uribe es amo y señor, y cualquier mención favorece su reelección.

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