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Comunicados y Cartas

[Comunicado ] Colombia: ¡Por Solución Política al Conflicto Social y Armado!

La población del departamento del Cauca históricamente ha sido víctima de injusticias, y su territorio escenario de confrontación. Nuestros ancestros, además del exterminio, sufrieron y resistieron los crueles métodos de trabajo impuestos por la corona española, y posterior a la independencia la población rural ha encarado la expropiación del territorio perpetrada por gamonales locales y terratenientes. En la mal llamada época de la violencia los latifundistas en el afán por apoderarse de las mejores tierras asesinaban los nativos y los expulsaban a lugares remotos de las cordilleras.

Ya en la historia reciente de nuestro país, el Estado ha excluido a los sectores populares de la participación política y los ha mantenido al margen del disfrute de sus derechos económicos, sociales y culturales empleando la violencia sistemática y el terror de Estado. Frente a la respuesta del pueblo al organizarse en guerrillas, ha adelantado un sin número de estrategias de aniquilamiento: Plan Laso, Plan Colombia, Plan Patriota, Plan Victoria, Plan Consolidación y el actual Espada de Honor. No obstante todos han fracasado porque al tiempo que ha sido indiferente ante las peticiones populares, su único fin ha sido la derrota militar de las guerrillas, desconociendo que un pueblo con dignidad, cuando se le niegan las vías democráticas de participación, acude a la violencia revolucionaria como medio para hacer valer sus derechos.

El papel de las Fuerzas Armadas ha sido sostener un régimen ilegítimo, totalmente resquebrajado y en grave situación de ingobernabilidad, a fin de asegurar jugosas ganancias a los grandes empresarios criollos y a las transnacionales, a costa de los recursos naturales extraídos del suelo patrio. Los métodos empleados en su guerra total contra el pueblo no han variado en los últimos tiempos: recompensas y red de sapos, detenciones y judicializaciones arbitrarias de civiles, desapariciones, asesinatos selectivos y masacres cuya autoría es endilgada a supuestos paramilitares.

Para limpiar la imagen desacreditada por los desmanes propios de un ejército de ocupación, los militares intentan ganarse el apoyo de la población ejecutando insignificantes obras y proyectos de inversión social que le competen a otros ministerios y hacen parte de la obligación que tiene el Estado de garantizar bienestar a sus ciudadanos. Esto, además de constituir un reconocimiento de que en nuestro país la guerra tiene causas sociales, también se convierte en una forma sutil de involucrar civiles en la confrontación.

Entendemos el sufrimiento de la población caucana y en general del pueblo colombiano y lamentamos las víctimas producto del conflicto armado que venimos sufriendo desde la agresión a los campesinos de Marquetalia en 1964. Hoy más que nunca nos unimos al pueblo en su clamor de paz, de una paz democrática, en la que desaparezcan las muertes, la desolación y el sufrimiento que produce esta guerra entre hermanos.

Anhelamos una paz garante de que tampoco morirán más pobres en las puertas de los hospitales por desatención médica; una paz que asegure techo digno para todos nuestros compatriotas; una paz que genere las condiciones para que nunca más perezcan en Colombia niños por desnutrición, para que se tenga empleo decente y se erradique el hambre. Una paz que engrandezca la patria, donde se trate con amor la madre tierra y el fruto de su vientre sea para alimentar a sus hijos, en vez de entregado a las multinacionales como hace el régimen apátrida de Santos. Es la paz con justicia social, la que estamos dispuestos a lograr junto al pueblo.

Condenamos al gobierno oligarca que encabeza Juan Manuel Santos y a la degradada Fuerza Pública que lo sustenta por su vil proceder al utilizar a los habitantes de los centros urbanos como escudos humanos para su protección, en clara violación al Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra, Artículo 58 que trata sobre las precauciones contra los efectos de los ataques en los conflictos armados.

En este contexto no deja de ser preocupante para la población del norte del Cauca el hecho que, como se da en Toribío, algunos habitantes se han manifestado a favor de la presencia de la fuerza pública en los cascos urbanos. Presencia que además de favorecer la entrada de las trasnacionales a los territorios indígenas y campesinos, constituye el blanco de las acciones guerrilleras, por lo que también a ellos les asiste responsabilidad sobre las consecuencias que en el futuro pueda ocasionar el desarrollo de la confrontación.

A los medios de comunicación los instamos a que den una versión objetiva de la realidad del conflicto en esta región sin alinearse ciegamente con las versiones oficiales.

Y al pueblo colombiano en su conjunto lo convocamos a trabajar unidos por forjar una alternativa popular de gobierno que encarne la voluntad de encontrar salidas políticas a esta guerra que tiene sus raíces en la injusticia social, la entrega del patrimonio y soberanía nacional a los imperios, el terrorismo de Estado y la concentración del poder en pocas manos.

¡POR SOLUCIÓN POLÍTICA AL CONFLICTO SOCIAL Y ARMADO!

BLOQUE OCCIDENTE COMANDANTE ALFONSO CANO FARC-Ejército del Pueblo

Montañas del Cauca, julio 20 de 2012.

A LA POBLACIÓN CIVIL

La ofensiva militar del gobierno en campos y ciudades está llevando el conflicto armado a todo el país. La permanente utilización de la población civil como escudo por parte de la Fuerza Pública, hace que ciudadanos inocentes sean afectados en esta confrontación.

Con el fin de impedir que esto continúe sucediendo, las FUERZAS ARMADAS REVOLUCIONARIAS DE COLOMBIA (FARC-EP), hacen las siguientes recomendaciones:

1. La población civil debe evitar que los cuarteles militares y de policía sean ubicados cerca a sus casas de habitación o a lugares de concentración pública.

2. La población civil debe evitar que militares y policías les utilicen sus vehículos particulares o vehículos de transporte público en servicio. Si los propietarios o conductores son obligados, es preferible bajarse y entregar las llaves del vehículo, dejarlo a responsabilidad de los militares y exigir la firma de un papel que así lo señale.

3. La población civil debe abstenerse de abordar vehículos militares de cualquier tipo.

4. Los vehículos civiles en las carreteras, deben conservar una distancia mínima de 500 metros respecto de vehículos y caravanas militares.

5. La población civil debe abstenerse de servir de guía a las patrullas de la Fuerza Pública en las zonas rurales.

6. La población civil debe abstenerse de ingresar a guarniciones militares o a cuarteles de policía. Tampoco debe dormir en ellos.

7. En zonas de conflicto, los vehículos de prensa y de organismos humanitarios deben transitar con distintivos perfectamente visibles y a mínima velocidad.

ESTADO MAYOR CENTRAL FARC-EP Montañas de Colombia, Agosto de 1.995