// está leyendo...

Análisis de interés

Manifestaciones estudiantiles en Chile

Al comenzar estas líneas, en la primavera de 2011, finalizaron 2 días de marchas de trabajadores y estudiantes, relativamente pacíficas, pero con noches de vandalismo y saqueos a supermercados, escuelas y municipios. Fue la rabia ciega de los excluidos que, a pesar del crecimiento, son algunos millones: desde marginales totales, hasta desertores de la educación media transformados en delincuentes, y clase media endeudada hasta la angustia. Las peticiones de los trabajadores no eran sólo laborales, sino por subir los impuestos a las empresas, mejorar la calidad de la educación y salud, legitimar los derechos de los trabajadores, mejorar las pensiones y por una nueva Constitución política que reemplace la que dejó —hasta hoy con leves modificaciones— el régimen de Augusto Pinochet. En las últimas encuestas del Centro de Estudios Públicos y Adimark, la identificación con la Alianza por Chile, actualmente en el gobierno, es de 24%, y la de la Concertación de Partidos por la Democracia, ex gobierno, es de 17%. El rechazo a la gestión del gobierno en el área educativa llegó al 81%, y el 76% está de acuerdo con las demandas estudiantiles.

Las reglas del juego político —herencia de la dictadura— mantienen un equilibrio permanente de pareo en el Congreso entre dos bloques políticos, a estas alturas muy desacreditados, que se reparten las candidaturas parlamentarias y edilicias a lo largo de todo el país en algún restaurante de Santiago. La imagen del “tigre latinoamericano” —de estabilidad y crecimiento— comienza a desgastarse en la prensa internacional, a pesar de seguir creciendo a tasas del 4% al 6% anual en medio de la crisis mundial, y de exhibir el mejor Índice de Desarrollo Humano de la región, seguido de cerca por Argentina y Uruguay.

La situación es tan fluida que, probablemente, el día que este texto se distribuya, la situación habrá variado, ya sea hacia la agudización violenta de un conflicto que rebasó la esfera de la educación, con una eventual ruptura grave del pacto social, o hacia una secuela de minichoques desgastantes por largo tiempo, o bien en dirección a algún imprevisible pacto nacional que desentrampe la situación. Intentaremos explicar los orígenes de la crisis, su realidad actual y los escenarios posibles en el futuro.

La vuelta a los años 70 y 80

De manera simplificada, en el mundo capitalista existen tres subsistemas: el primero es el “americanista”, del cual algunos exponentes serían Margaret Thatcher, el Tea Party y los chilenísimos chicago boys. Defienden la baja carga tributa- ria, la subsidiariedad y la minimización del Estado, en aras del crecimiento. Si hay pobres o indigentes, se les chorrean unos pesos para que no reclamen, aunque, en realidad, el modelo estadounidense es casi socialista comparado con el chileno.

El segundo es el “social demócrata”, del tipo de Alemania o Noruega, con mucho mayor carga tributaria y protección social. Este modelo es despreciado por la élite y por la mayoritaria prensa neoliberal chilena, a pesar de contar con niveles de equidad y sistemas educacionales vastamente superiores.

El tercer modelo, marginal a este análisis, es el “asiático”, como el de Corea del Sur o Japón, de menor carga tributaria, intervención fuerte del Estado en la economía (lo que provoca miradas de desdén en la mayoría de los economistas chilenos de gobierno y oposición) y los mejores niveles de equidad del mundo. Imitarlos es difícil por razones culturales, y la discusión chilena se mueve entre el mundo “americanista” y el “social demócrata”.

El modelo chileno surgió, en medio de fuertes convulsiones, como uno de los diseños socioeconómicos más neoliberales y a favor del mercado, en los años 80. Los chicago boys fueron pioneros desde los años 70 al diseñarlo en un escritorio, y fue impuesto posteriormente por los militares, a la fuerza. Ni siquiera 20 años de gobiernos de centro-izquierda a partir de 1990 lograron introducir cambios significativos en las reglas del juego político, económico y educativo. En parte, por las ataduras constitucionales que dejó Pinochet, y en parte, porque muchos economistas de la coalición democrática sufrieron una suerte de mutación mental, como una especie de “alcohólicos reformados”, que comenzaron a verle sus méritos al modelo neoliberal, aunque con mayor inclinación hacia la protección social. Chile, de hecho, creció a tasas aceleradas, pero la reducida carga tributaria y la inequidad en la distribución del ingreso se mantuvieron casi inalteradas en los últimos 21 años. En el caso de la educación escolar, no sólo se instaló el concepto de mercado, con base en vouchers educativos, con la educación pública como un competidor más —completamente atado de manos en materias burocráticas y laborales—, sino que además se hizo de una manera completamente desregulada en cuanto a barreras de entrada de los proveedores privados, a un extremo que no existe en ningún lugar del mundo. Incluso el escaso marco regulatorio existente fue prolijamente descuidado, sin fiscalizaciones relevantes.

La lógica era que el emprendimiento y la mano libre del mercado, desprovista de intervención del Estado, detonaría una rápida mejoría en la cobertura y calidad de la educación. Cualquiera podía, y puede hasta hoy, instalar una escuela privada subvencionada por el Estado, con o sin fines de lucro, por medio de vouchers per cápita, sin requisitos mínimos de calidad, tamaño, ubicación y demanda, y posteriormente operar sin ninguna restricción, salvo algunas de carácter curricular. No fue libertad, sino libertinaje de mercado.

Se crearon asimismo decenas de universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica, sin ninguna regulación. De 4 700 carreras ofrecidas en algún centro académico, sólo 700 cuentan hoy con acreditación. Nuevamente, la mano libre del mercado y la inversión privada aumentaría la cobertura de educación superior, y a través de la competencia, provocaría mejoras de calidad porque los “consumidores” estarían bien informados para escoger. A diferencia de la educación escolar, mayoritariamente financiada por el Estado, la educación superior sería financiada por las familias (en un 80% del costo), con el supuesto de que los mayores ingresos percibidos cuando obtuvieran su título les permitiría a los egresados pagar las deudas contraídas durante sus estudios superiores.

Los resultados del modelo

Un conjunto selecto de países de la órbita occidental y de Latinoamérica se muestran en la siguiente tabla de elaboración propia. En promedio, a los latinoamericanos en todo nos va peor: en ingreso per cápita (columna a), en equidad de ingresos (columna b), en el resultado promedio de la prueba del Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos, pisa (columna c), en la equidad de resultados medida en la prueba pisa (columna d) expresada como el porcentaje de alumnos que queda en el nivel 1, el peor en la escala de 1 a 6, y en segregación social del sistema escolar según la misma muestra de países (columna e). Como referencia, el mejor promedio pisa (columna c) lo obtuvo Shanghái, China, con 556 puntos, y el peor, Kirguistán con 314.

Es importante destacar que el Índice de Duncan (columna e) no mide la dispersión de los resultados educativos, sino la segregación social entre las escuelas. Así, por ejemplo, en Noruega, el país que obtuvo los mejores resultados en el Índice de Duncan, prácticamente en cada escuela hay una muestra representativa de alumnos según la distribución de ingresos del país. En cambio, en los países con los peores resultados, como Chile y Perú, hay escuelas en las que sólo estudian hijos de ricos, otras en las que sólo estudian hijos de clase media y otras más en las que sólo estudian hijos de pobres: un verdadero apartheid educativo.

ABCDEF
País Ingreso Per Capita en miles de Dólares (PPA) (FMI 2010) Decil más rico/Decil más pobre (PNUD 2011) Lectura (PISA 2009) Porcentaje de alumnos Nivel 1 -mínimo- (PISA 2009) Segregación Social Escolar -de menor a mayor- (Índice de Duncan) Carga tributaria total/ pib (The Heritage Foundation)
Noruega 52 7 503 15 1 44
Canada 39 9 524 10 11 32
Holanda 41 9 508 14 18 40
España 30 10 481 20 32 37
Estados Unidos 47 16 500 18 39 27
Israel 30 13 474 27 50 37
Promedio 40 11 498 17 25 36
Uruguay 14 20 426 42 48 23
Brasil 11 41 412 50 54 39
Argentina 16 32 398 52 55 23
México 14 22 425 40 61 15
Chile 15 26 449 31 64 19
Perú 9 26 370 65 65 15
Promedio 13 28 413 46 58 22

Fuente : Elaboración propia con base en las fuentes mencionadas en cada columna

Los datos ameritan algunos comentarios: en primer lugar, que los países con los modelos más neoliberales, como Chile o Estados Unidos, con las menores cargas tributarias de sus respectivos bloques, no tienen logros demasiado diferentes a los de algunos países con modelos socialdemocráticos, a algunos de los cuales les va igual o mejor en ingreso per cápita, equidad social, calidad educativa, equidad educativa o segregación social del sistema. La evidencia contradice algunos dogmas del establishment chileno: los habitantes de “Derechistán”.

Mención especial merece el caso brasileño, por la monumental ineficiencia de su gasto público. Se sale de todas las correlaciones en cuanto a la magnitud del mismo, comparado con sus indicadores de inequidad. Es un misterio en qué se gasta esa montaña de dinero con tan poco efecto redistributivo. Uruguay, al contrario, llama positivamente la atención como un país que ha logrado excelentes indicadores de equidad e integración social. Entristece el deterioro educativo de la otrora ejemplar Argentina, y las malísimas cifras educativas de Perú auguran un mal futuro económico y social, si es que no se resuelven, por más reformas económicas que se emprendan.

En materia de calidad y equidad educativa escolar, les guste o no a algunos habitantes de “Zurdistán”, el modelo chileno ha funcionado mejor que en el resto de Latinoamérica. Es el mejor promedio de la región en la prueba pisa, con una alta cobertura y el menor porcentaje de alumnos en nivel 1. Este nivel está todavía muy lejos de lo deseable para un país que aspira a ser miembro pleno de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y a participar de la sociedad del conocimiento, con 40% de los egresados de enseñanza media que no entiende cabalmente lo que lee ni puede realizar operaciones aritméticas elementales.

En lo que a Chile le ha ido claramente mal —lo que explica en parte la crisis de hoy— es en segregación social expresada por el Índice de Duncan. Las escuelas públicas a las que generalmente asisten los alumnos más pobres son mucho menos segregadas que las privadas sin fines de lucro, y que las más segregadas socialmente son aquellas con fines de lucro y copago de los padres que muestran distribuciones de ingreso interescuela similares a las de Haití. Hay claros incentivos “de mercado” para segregar alumnos y dejar a los de menor nivel socioeconómico, educativo y cultural —y a los más problemáticos o desaventajados— en las escuelas municipales, gratuitas y que no seleccionan. Para los “derechistanos”, éste no es un tema relevante y, por tanto, es cuidadosamente omitido de sus publicaciones y declaraciones.

En suma, el sistema de vouchers, así como el modelo con lucro, y la posibilidad de los padres de enviar a sus hijos a escuelas que exigen un cobro adicional de acuerdo con su estrato económico (mecanismo insólitamente inventado por un gobierno de centro-izquierda), si bien ha estimulado el crecimiento de la cobertura y mejorado la calidad y la equidad de resultados del sistema educativo chileno, también ha profundizado la segregación social. Obviamente, ésta tiene muchas raíces históricas y culturales. La pregunta es si el sistema educativo las profundiza o las disminuye. Claramente, las profundiza. Éste es el primer elemento del barril de pólvora.

Recordemos que en Chile ese segmento de la población no entiende lo que lee ni comprende lo que es una tasa de interés. Les resultaba atractiva la idea de comprar un televisor de plasma de 500 dólares en treinta cómodas cuotas mensuales de 40 dólares, sin contar con repactaciones unilaterales y multas enormes por caer en morosidad. Resultado: personas de bajos ingresos endeudadas en tres y cuatro veces el valor original de lo que compraron, sin ninguna posibilidad de pagar su creciente deuda y vetados de acceso al crédito para sus necesidades relevantes.

Un segundo ingrediente del polvorín fue, durante este año, el “escándalo de La Polar”, una suerte de “Enron chileno”, en el que los damnificados por los abusos de esta multitienda de venta al por menor, dirigida a los segmentos de bajos ingresos, fueron cientos de miles de clientes a los cuales se les regalaban tarjetas de crédito en las calles y luego se les inducía a endeudarse con créditos de consumo a tasas siderales. Recordemos que en Chile ese segmento de la población no entiende lo que lee ni comprende lo que es una tasa de interés. Les resultaba atractiva la idea de comprar un televisor de plasma de 500 dólares en treinta cómodas cuotas mensuales de 40 dólares, sin contar con repactaciones unilaterales y multas enormes por caer en morosidad. Resultado: personas de bajos ingresos endeudadas en tres y cuatro veces el valor original de lo que compraron, sin ninguna posibilidad de pagar su creciente deuda y vetados de acceso al crédito para sus necesidades relevantes.

Los postulantes ni siquiera saben que existe la acreditación de carreras, desconocen la —a veces astronómica— tasa de deserción de la carrera que “compraron” y se les dice la gran verdad a medias de que tendrán un ingreso laboral mucho mayor si “compran” un título. En promedio, los aranceles universitarios, comparados con el ingreso per cápita, son posiblemente los más altos del mundo y con mucho menos financiamiento público.

En el caso de la educación superior, es notoria la analogía entre el escándalo de La Polar en la venta al por menor con el abuso a los cientos de miles de estudiantes que marchan por las calles: “clientes” desinformados que, en muchos casos, tampoco comprenden lo que leen ni lo que es una tasa de interés. Además de tarjetas de crédito se regalan tabletas electrónicas por medio de vistosas propagandas de prensa de las casas de estudios superiores. Los postulantes ni siquiera saben que existe la acreditación de carreras, desconocen la —a veces astronómica— tasa de deserción de la carrera que “compraron” y se les dice la gran verdad a medias de que tendrán un ingreso laboral mucho mayor si “compran” un título. En promedio, los aranceles universitarios, comparados con el ingreso per cápita, son posiblemente los más altos del mundo y con mucho menos financiamiento público.

El resultado: de cien “clientes” que aspiran a “comprar” un título, aproximadamente cuarenta desertará por razones académicas o económicas, y quedará endeudado. De los sesenta que logran el codiciado trofeo del título —generalmente en un 50% del tiempo y con un costo adicional a lo previsto—, la mitad va al desempleo o a un empleo de pésima remuneración, por la mala formación que adquirieron, con lo cual terminarán pagando su elevada deuda en 20 ó 30 años, si es que lo logran.

El resultado: de cien “clientes” que aspiran a “comprar” un título, aproximadamente cuarenta desertará por razones académicas o económicas, y quedará endeudado. De los sesenta que logran el codiciado trofeo del título —generalmente en un 50% del tiempo y con un costo adicional a lo previsto—, la mitad va al desempleo o a un empleo de pésima remuneración, por la mala formación que adquirieron, con lo cual terminarán pagando su elevada deuda en 20 ó 30 años, si es que lo logran.

Por su parte, los defensores del modelo presumen una manoseada frase: “la expansión de cobertura es un éxito del emprendimiento privado; el 70% de los estudiantes que están en la educación superior hoy tienen padres que no asistieron a la universidad”. Efectivamente, la matrícula de la educación superior se expandió con este esquema de 300 000 a un millón de alumnos en una década. Por ende, se acumularon en un relativamente breve espacio de tiempo 700 000 estudiantes que se dieron cuenta recientemente de la falsa promesa, más dos o tres familiares por estudiante, suma de dos a tres millones de personas engañadas por la venta al por menor de “productos” comerciales o universitarios. Son muchos los engaña- dos, y éste es el tercer elemento —y el principal detonante— del barril de pólvora. En las encuestas de opinión pública antes mencionadas, un 80% se manifestó en contra del lucro en la educación.

La situación actual

Como en todo sistema complejo, hay otros ingredientes que se potencian para favorecer la actual detonación: conjunciones astrales que se retroalimentan en una reacción en cadena y que ayudan a comprender la paradoja de este “tigre latinoamericano” en crisis política, mas no macroeconómica.

El cuarto elemento es el contexto internacional de la “indignación”, que surgió en 2011 (como en mayo de 68), en Londres, en Tel Aviv, en Madrid y en otras ciudades. El modelo capitalista, más o menos americanista o socialdemocrático, ha dejado en el camino a millones de excluidos, frustrados, endeudados, desertores de la educación, marginalizados, que a la vez ven por televisión 3 ó 4 horas diarias de datos y videos de acumulaciones de riquezas inimaginables y de crímenes en sus barrios marginales.

En Chile, hace poco la prensa económica planteaba, orgullosamente, que las veinte empresas más grandes de Chile producen el 50% del Producto Bruto. Lo señalan como si fuera un mérito. El 50% de los gerentes de las grandes empresas chilenas estudió en sólo cinco escuelas, todas privadas y católicas. Las cifras publicadas de las utilidades de las grandes empresas, con bajísimas tasas de tributación efectiva, darían para financiar varias veces la reforma educativa y de la salud. Los comerciales de televisión muestran vacaciones de bronceadas rubias en el Caribe, mientras los morenos cavilan sobre cómo pagar la deuda universitaria de sus hijos en un país que es más racista de lo que se cree. Ésos son los “indignados”.

El quinto ingrediente es el peculiar estilo del actual gobierno que retoma las riendas después de 20 años, siendo muchos de sus integrantes los mismos jóvenes pinochetistas fervorosos que creen con convicción profunda, casi religiosa, en las bondades del modelo del mercado. Incluso algunos chicago boys han salido del retiro para reclamar en la prensa por la “laxitud” de la gestión de Sebastián Piñera. A esto deben agregárseles las características personales del Presidente (menos integrista en lo ideológico que la mayoría de su coalición), cuyos niveles de popularidad han disminuido al 26%, la menor en 20 años de democracia. Tiene estilos personales irritantes, y es visto por los “indignados” como un millonario que forma parte de la oligarquía que los dejó a la vera del camino.

A ello debe sumarse un gobierno con excepcional falta de sensibilidad y oficio político. La vasta mayoría del gabinete estudió en la misma universidad donde se diseñó el modelo de Chicago, viste Armani, bebe café capuchino y no se siente cómodo ni tiene el lenguaje necesario para tratar con los indignados. Así, por ejemplo, cuando los estudiantes irrumpen en las calles para protestar por el lucro en la educación, el máximo dirigente del partido del Presidente declara: “Me gusta el lucro, mientras más lucro mejor”, y “Éstos que marchan por las calles son unos inútiles subversivos”. Mientras los estudiantes demostraban frente al palacio presidencial exigiendo el fin del lucro, el Presidente declaró que la educación es “un bien de consumo”: gasolina al fuego.

Los estudiantes esta vez salieron a la calle, no a pedir que el modelo “ochentero” de la educación se mejore, sino que se modifique radicalmente. Salvo algunos extremistas, no están pidiendo un modelo educativo “soviético” de los años 70, sino un acercamiento al modelo educativo de la OCDE, donde prima una educación pública, no total pero sí mayoritaria, con mayores niveles de gratuidad y menos segregación. El problema es que el gobierno, en lugar de aceptar que se vuelva a discutir el modelo, hasta hoy no ha hecho más que refugiarse en sus convicciones ideológicas de los 80 y responder con firmeza que el modelo mismo se podrá repintar y refaccionar, pero que su esencia de mercado, lucro y competencia permanecería inalterada.

La violencia en las calles no se ha hecho esperar, se ha derramado más allá de lo educativo y se ha transformado en reivindicaciones de cambio radical en la Constitución, en la nacionalización del cobre y del agua, en la reforma tributaria y en peticiones de plebiscito. Hoy, el pacto social está siendo cuestionado.

¿Hay salida?

Como en el tango, “uno busca lleno de esperanzas el camino que los sueños prometieron a sus ansias”. En mi visión personal, la única salida de Chile es la de acercarse, aunque sea en alguna medida, a los modelos socialdemocráticos. Esto significaría la disposición del actual gobierno de transar en algunas de sus ideologías más férreas a favor del mercado y aceptar al menos una “tercera vía” en la que el mercado y el lucro en la educación (y en otros ámbitos) sean transparentados, controlados y regulados drásticamente, así como introducir una agenda osada y calendarizada de reformas educativas, y una reforma tributaria para elevar significativamente el gasto público en educación escolar y superior —también en salud y vivienda—, lo cual es materialmente imposible sin un aumento en el ingreso tributario total.

La expansión social y económica de Chile y su incipiente clase media están generando demandas de protección social al nivel de la OCDE, incompatibles con las cargas tributarias latinoamericanas o africanas. Esta idea provoca urticaria en los sectores más ideologizados de la coalición de gobierno. La coalición de oposición, la Concertación, está todavía sumida en la confusión por su derrota y vacila entre salir a lanzar piedras a la calle —contra el modelo que en cierto modo ayudó a regañadientes a construir— y producir una propuesta con visión de futuro. No hay salida, a menos que la clase política deponga sus intereses más mezquinos, ordene sus pensamientos y acepte retomar la vía de los consensos, que antes ayudó a retornar al país a la democracia y ahora debiera llevarlo a la socialdemocracia.

Al cerrar este texto, el gobierno continúa negociando el inicio de una instancia de diálogo con los estudiantes. El Presidente declaró a fines de septiembre en su discurso en la Asamblea General de Naciones Unidas que “la causa de los estudiantes es noble y hermosa”, y al día siguiente un alcalde de su coalición lanzó gases lacrimógenos al interior de una escuela pública en donde los estudiantes continuaban protestando. Chicos de hasta 10 años, con sus padres, fueron afectados. Es la escuela en que estudió el autor de este texto. En cualquier escenario, Chile requiere una reforma política de gran envergadura. El sistema constitucional —largo de detallar aquí— ha llevado a que un grupo de no más de 500 personas se reparta los cargos ejecutivos y parlamentarios, con cierta rotación sabática por el mundo empresarial, por los últimos 20 años. Residen casi todos en 5 de los 340 municipios de Chile, con un estándar de vida similar al de Ginebra, Suiza. No es fácil que los muchachos de antaño logren salir de los moldes de los 80 que todavía tienen grabados en sus envejecidas neuronas.

Hay que cruzar los dedos para que entren en razón y generen estos cambios, para que terminen con la reelección indefinida en cargos parlamentarios y edilicios, y con el sistema de pareo parlamentario binominal que virtualmente predefine quiénes serán elegidos aun antes de la elección. Asimismo, urge una mayor descentralización política, económica, administrativa y de capital humano de un país que tiene al 40% de sus habitantes concentrados en la capital. Si no entran en razón, el futuro es difícil y prefiero no imaginarlo.

Waissbluth, Mario, (2011) “Manifestaciones estudiantiles en Chile”, Foreign Affairs Latinoamérica, volumen 11 • número 4 octubre-diciembre 2011